El diputado provincial Marcelo Gastaldi presentó este lunes una carta dirigida al defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Edgardo Bistoletti, en la que manifiesta su "profunda preocupación" por la falta de designación del defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, figura prevista en la ley 12.967 de promoción y protección integral de los derechos de los más pequeños y jóvenes. Tal designación debió hacerse efectiva dentro de los 90 días de sancionada la norma, algo que el gobierno de la provincia aún no hizo. El funcionario que sea elegido deberá actuar en la órbita de la Defensoría del Pueblo.
En la misiva presentada a Bistoletti, el legislador rosarino le reclama "que ponga en funcionamiento las herramientas institucionales que tenga a su disposición a fin de que se designe el defensor, tal como está previsto en el art. 38 de la ley".
En la última sesión de la Cámara de Diputados, Gastaldi señaló: "Vamos a evitar recordar que estuvimos más de un año para reglamentar la ley, cuando el plazo de la norma era de 90 días, pero habiendo reglamentado la misma, el 30 de abril del corriente ya resulta inexplicable que a casi cuatro meses no hayan puesto en funcionamiento el Consejo y enviado a esta Legislatura el pliego para el tratamiento del defensor".
De esta forma, el diputado justicialista se refirió también a la falta de instrumentación por parte de la administración socialista del Consejo Consultivo que la ley manda a conformar, y cuyos integrantes se desempeñarán ad honorem. En la manifestación ante sus pares de la Cámara baja, el legislador sostuvo que "hay una clara y manifiesta falta de voluntad política (del gobierno de Hermes Binner) para que este organismo esté en funcionamiento".
Respecto del defensor de la Niñez y Adolescencia, Gastaldi le recordó a Bistoletti que la ley le adjudica a ese funcionario diversas atribuciones, entre ellas "velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, las leyes nacionales y provinciales y el resto del ordenamiento jurídico; asumir la defensa de tales derechos ante las instituciones públicas y privadas, y supervisar y auditar la aplicación del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito de la provincia".
En el final de la nota, Gastaldi plantea a Bistoletti: "El inaceptable cuadro de situación mencionado me mueve a instarlo a que a la brevedad posible utilice todos los carriles institucionales apropiados para lograr que el gobernador adopte de inmediato las medidas políticas pertinentes para cumplir con su obligación legal de designar a este Defensor especial".