Participaron también de la recorrida los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; de Obras Públicas y Vivienda, Hugo Storero; de Seguridad, Álvaro Gaviola; y de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti; y el intendente de la ciudad de Rosario, Miguel Lifschitz.

Según se explicó, la construcción comenzó el 1º de agosto pasado y ha avanzado en un 12 por ciento (se prevé que para fin de mes alcance el 16 por ciento).

Al término de la recorrida, el ministro Superti, acompañado por el mandatario provincial, brindó una conferencia de prensa donde dio detalles sobre los avances de la reforma procesal penal en la provincia y anunció que se enviaron a la Legislatura la mayoría de los pliegos para los cargos directivos de Fiscalía y Defensa y el pedido de prórroga de la implementación definitiva del nuevo sistema.

"Se puede hacer un paralelo entre lo que ocurre con el Centro de Justicia Penal y con la implementación de la reforma", expresó el ministro. "En ambos casos se necesitan planos, diseños, columnas, gente que trabaje, y se va viendo, poco a poco, cómo las etapas se cumplen", dijo.

"En ese sentido -prosiguió-, ayer hemos pedido una prórroga para la implementación definitiva del sistema porque no están dadas las condiciones (ver aparte). Estamos organizando los equipos de la Fiscalía, la Defensa y los nuevos juzgados y en ese sentido esta mañana ingresaron a la Legislatura la mayoría de los pliegos de las autoridades del Ministerio de la Acusación y el Servicio de Defensa Penal", reveló.

"En cuanto a la reforma, desde el principio aparecieron mitos que se fueron planteando como dificultades", continuó Superti. "Decían que la ley de implementación progresiva era de imposible cumplimiento y hace ya casi dos años que rige. Los institutos que hemos puesto en marcha funcionan: hay mediación penal, procedimientos abreviados, juicios orales, atención a la víctima. Los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) que funcionan en Tostado, Santa Fe y Rosario están atendiendo más de 1.500 casos. Es decir, que ese caos que anunciaban se convirtió en un mito", señaló

"Luego apareció el problema de la inconstitucionalidad. Esperamos siete meses para que el planteo del procurador (Agustín) Bassó fuera resuelto por la Corte. En algún momento se le preguntó al presidente de la Corte cuándo lo iban a resolver y contestó que lo tomaban como una causa más. Y estaba en vilo la reforma y la institucionalidad. Esos siete meses fueron coronados por una sentencia que no salió por unanimidad, sino 4 a 2", recordó el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

"Después vino el mito del presupuesto: decían que no había cargos ni dinero y que por eso no se podía hacer el cambio. Para la reforma, ya habíamos creado por leyes especiales más de doscientos cargos y ahora se amplían a 1.100. Y a nivel de soporte presupuestario la previsión para 2011 es de 60 millones de pesos para sueldos y 15 millones para bienes y servicios. Ese es el presupuesto de la reforma, que está en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", añadió Superti.

"Ahora surge el mito de que en estos tres años no se hizo nada. Primero, se dieron muchos pasos y es extenso el detalle; segundo; a partir de este momento la reforma ya no es más un problema del Poder Ejecutivo y del Legislativo, como fue hasta ahora, sino de todos, incluso de la Corte Suprema, que está atrasada porque todavía no resolvió el problema de los administradores del sistema penal. Ahora hay una nueva administración y los directores de la Oficina de Gestión Judicial son una asignatura pendiente del alto tribunal", precisó el funcionario provincial.

En ese sentido consignó que "desde diciembre de 2009 vengo planteando esta inquietud y lo tiene que resolver la Corte y nadie más que la Corte. Están pendientes reglamentaciones de normas de la ley de transición y el cronograma de la transición. Hay cosas que les van a corresponder a las autoridades de la Fiscalía nueva y otras a las autoridades de la Defensa, por eso en la ley de prórroga los 180 días que se piden corren a partir de que estén nombradas sus máximas autoridades".

"Ellas, la Corte Suprema de Justicia, el Ejecutivo, es decir, todos juntos, tenemos que hacer esta reforma posible. Santa Fe lo merece", finalizó Superti.

Seguidamente, Binner confirmó las palabras de Superti al manifestar que el gobierno lleva realizadas "152 reuniones de gabinete y valoramos estos temas en forma colectiva. Trabajamos siempre en la interdisciplinariedad para poder construir las políticas en la provincia de Santa Fe, de manera que mi presencia ratifica todo lo que ha dicho el ministro".

El gobernador Hermes Binner envió a la Legislatura nueve pliegos para cubrir cargos directivos en el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de la defensa penal, instituciones clave en el marco del nuevo sistema de enjuiciamientos penales.

En tanto, resta mandar el pliego que corresponde al defensor regional de Reconquista pues el concurso aún se encuentra en trámite y se llamará a concurso próximamente para los cargos de defensor regional y fiscal regional de Venado Tuerto, pues los procesos de selección correspondientes fueron declarados desiertos.

Entre finales de septiembre y principios de noviembre se seleccionaron las 12 autoridades que tendrán la responsabilidad de organizar estas nuevas instituciones del proceso acusatorio.

Finalizados los concursos, los jurados elevaron los nombres al gobernador. Resueltas las impugnaciones planteadas por algunos postulantes, Binner envió los pliegos a la Legislatura, que a su vez debe dar su aprobación.

Asimismo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está avanzando en la gestión del alquiler de inmuebles para que funcionen las oficinas de los defensores y los fiscales y en la compra de vehículos que serán utilizados por ellos.

Los pliegos que ingresaron ayer al Poder Legislativo son, en el caso del Ministerio Público de la Acusación, Julio De Olazábal como fiscal general, Ricardo Miguel Fessia como Fiscal regional de la primera circunscripción (Santa Fe), Jorge Baclini como Fiscal regional de la segunda circunscripción (Rosario), Eladio Oscar García como Fiscal regional de la cuarta circunscripción (Reconquista) y Carlos Arietti como Fiscal regional de la quinta circunscripción (Rafaela).

En tanto, en el caso del Servicio Público Provincial de la defensa penal se giraron los pliegos de Gabriel Ganon como defensor provincial, Sebastián Amadeo como Defensor regional de la primera circunscripción (Santa Fe), Gustavo Franceschetti como Defensor regional segunda circunscripción (Rosario), y Estrella Moreno de Robinson como Defensora regional de la quinta circunscripción (Rafaela).

En cuanto al pedido de prórroga, el mensaje enviado por el gobernador propone modificar el artículo 3 de la ley N° 12.912 (implementación progresiva del nuevo sistema de justicia penal de la provincia) -que establece que la entrada en vigencia definitiva del Código Procesal Penal será dispuesta por el Poder Ejecutivo en un plazo que no podrá superar el 1° de febrero de 2011- de tal manera que el nuevo artículo estipule como fecha de implementación integral del Código un plazo que no supere los 180 días desde la asunción en el cargo del fiscal general y del defensor provincial.

En la fundamentación del pedido de prórroga, se explica que para que el Poder Ejecutivo decrete la vigencia plena del nuevo sistema de justicia penal deben estar dadas las condiciones para su adecuado funcionamiento y que el 1° de febrero de 2011 es sólo un plazo ordenatorio.

También se detallan las acciones desarrolladas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como órgano de implementación de la reforma a partir de 2008. En ese sentido se menciona la elaboración y el envío de leyes al Poder Legislativo para crear el andamiaje jurídico necesario que permita poner en práctica el nuevo Código, la cuestión de la infraestructura, la capacitación de operadores judiciales y la informatización. Otro aspecto importante fue la creación de los CAJ.