Mario Barletta y Carlos Comi, candidatos a gobernador y vice por el Frente Progresista, presentaron en sociedad su propuesta para jerarquizar la defensa del consumidor en la provincia de Santa Fe.
En un acto que se realizó en los salones del Hotel Savoy, en Rosario, Barletta y Comi rubricaron un documento en el que dejan sentadas las acciones que llevarán adelante para encarar “una profunda reforma que le brinde nuevas herramientas a los ciudadanos para ejercer sus derechos más efectivamente, y que impliquen un compromiso más activo del Estado en la materia”.
Acompañados por el concejal Jorge Boasso, candidato a intendente de Rosario; el diputado provincial Pablo Javkin, postulante al Senado, y Cristian Galindo, reconocido militante de los derechos del usuario y consumidor, Barletta y Comi explicaron las ideas fuerza que implementarán en caso de resultar electos.
En el acto estuvieron también la legisladora nacional Susana García, candidata a diputada provincial, y los candidatos a concejales, María Eugenia Schmuck y Mariano Roca.
“En este tema, como en muchos otros, tenemos la sensación de una ausencia del Estado como quien debe cuidar los derechos de los consumidores, que somos todos los ciudadanos”, expresó Barletta, e hizo hincapié en la necesidad de que el Estado se encargue de una verdadera educación de los ciudadanos en la materia, “porque es la mejor forma que tenemos de defendernos”. A la vez, “ratificamos la necesidad, en este como en tantos otros temas, de comenzar a descentralizar en los gobiernos locales”, sostuvo.
Comi, por su parte, expresó que “en más de una década, no se han registrado avances sobre este tema en la provincia. Los problemas son los mismos, y por eso es fundamental encarar una verdadera reforma”, sintetizó.
Por su parte, y luego de escuchar la propuesta presentada, Galindo, presidente de la Red Argentina de Consumidores, evaluó que el documento elaborado “no es ni más ni menos que una síntesis de lo que venimos bregando desde hace más de una década en materia de defensa del consumidor. Teníamos una gran expectativa con esta gestión, pero es muy poco lo que se ha hecho hasta el momento”, apuntó. “Creo que lo que presentan Barletta y Comi es una síntesis perfecta de lo que se debe hacer en la provincia”, señaló.
Punto por punto
En el documento presentado hoy, se expresa que “la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios no es, en Santa Fe, una política de Estado. Prueba de ello es que si buscamos en la página web www.santafe.gov.ar resulta sumamente dificultoso hallar a la Dirección General de Comercio Interior, autoridad de aplicación de la ley 24.240 en nuestra provincia”. Además, esa dependencia “sólo atiende a los ciudadanos en sus oficinas de Rosario y de Santa Fe y, ocasionalmente, realiza alguna gira por diferentes lugares de la provincia. Esto implica que si un ciudadano de Reconquista o de Venado Tuerto quiere realizar una denuncia de este tipo, debe desplazarse hacia estas ciudades”.
La propuesta elaborada por Barletta y Comi apunta a transformar la Dirección General de Comercio Interior en una Secretaría de los Derechos de Usuarios y Consumidores de la Pcia. de Santa Fe, ubicándola dentro de la órbita del Ministerio de Gobierno. “No se trata de derechos de naturaleza comercial, sino de derechos humanos de tercera generación constitucionalmente tutelados y así deben interpretarlos y velar por su vigencia el Estado”, se sostiene.
Esta Secretaría “ejercerá el poder de policía en representación del Estado provincial respecto de las leyes de Defensa del Consumidor 24.240, de Lealtad Comercial 22.802, de Tarjeta de Crédito 25.065 y de Defensa de la Competencia 25.156, que en conjunto constituyen todo el sistema hermenéutico del derecho positivo argentino en la materia”.
También se propone “delegar la autoridad de aplicación de las leyes mencionadas a los municipios, quienes suscribirán los convenios pertinentes con la Secretaría a los fines de actuar concurrentemente en el ejercicio de sus funciones”.
Paralelamente, se creará un cuerpo de inspectores “a partir de una convocatoria de los actuales agentes de la administración pública provincial, a los efectos de que ejerzan el poder de policía de las cuatro leyes mencionadas en los cinco nodos descentralizados de la provincia, de oficio y a los efectos de prevenir violaciones a los derechos de los consumidores y usuarios, pudiendo incoar sin denuncia de parte las actuaciones pertinentes”.
También se creará y capacitará por parte del gobierno provincial, a un cuerpo de inspectores similar en cada uno de los municipios que adhieran y acepten ser autoridad de aplicación, a fin de que controlen la efectiva vigencia de estos derechos;
“En paralelo a estas reformas, en los primeros 100 días de gobierno remitiremos a la legislatura provincial un proyecto de ley a los efectos de sancionar un código de implementación en el ámbito provincial de todo el sistema de derecho de usuarios y consumidores”.