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Juicio sucesorio leonino

Cuatro abuelos y su octogenaria madre están a punto de perder el único bien que poseen: una vetusta y casi inhabitable vivienda enclavada en Deán Funes 1306. Es que, tras finalizar el juicio sucesorio que llevó adelante el abogado Jorge Zenteno Goytia, logró que el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Sergio Miguel Angel David le estipulara honorarios por $357.760, como pago por la labor desarrollada. Esa cifra supera ampliamente la valuación de la propiedad realizada por el martillero Edgar Javier Moreno, quien tasó el inmueble en poco más de 300.000 pesos, el que sería su valor de mercado al día de la fecha.
Felisa Cañizares, en representación de sus otros tres hermanos y de su madre, viuda del propietario del inmueble, aseguró al El Tribuno que si la cifra que reclama el abogado Zenteno Goytia es desproporcionada, arbitraria y confiscante, el porcentaje que días posteriores reclamó la Caja de Seguridad Social para Abogados, bajo intimación de legal de pago, directamente los puso en la calle. La mujer dijo: "Además de los $357.000 que le debemos al abogado, debemos pagarle aportes previsionales por la suma de $70.000 a su caja de jubilaciones, por lo que por más que vendamos la propiedad nos faltaría aún dinero para pagar la deuda que nos reclama la Caja de Abogados", dijo amargadísima.
Luego agregó: "Hemos intentado dialogar con el profesional, pero este nos dijo que se trataba de un error, error que jamás solucionó hasta que se produjo la lluvia de intimaciones y la amenaza de que nos ejecuten por el pago de honorarios. Por eso recurrimos a otra profesional y denunciamos que detrás de este sucesorio existe una clara intención confiscatoria, reñida al concepto de Justicia", aclaró.

Techo de chapas

La vivienda está semidestruida y es habitada actualmente por la viuda y sus cuatro hijos, todos jubilados.
Está en su mayor parte sin revoque y solo posee los servicios básicos. No tienen otra vivienda y temen ser desalojados ni bien le ejecuten la planilla de honorarios autorizada por la Justicia Civil y Comercial.
Felisa Cañizares dijo que no temen tanto el desalojo como a vivir embargados por el resto de sus días. "¿Cómo pueden cuatro jubilados pagarle a la Caja de Seguridad Social para Abogados casi 70.000 pesos más intereses? Por más que nos hicieran un plan de pago nos faltaría vida para cumplir con los aportes para que este señor se pueda jubilar el día de mañana, y ni hablar de la deuda que nos fabricó la Justicia con Zenteno Goytia", se quejó.

Un pedido insólito y exorbitante

La abogada de la familia Cañizares, Lidia María Villarroel, aseguró que detrás de este tipo de valuaciones se esconden otras cosas. "No entiendo por qué se dio por terminado el juicio sucesorio con valuaciones tan disparatadas", afirmó.
"En el expediente figuran tasaciones en dólares que están prohibidas por la ley. No podemos comprar dólares para viajar, pero sí podemos valuarle en moneda extranjera el metro cuadrado del único bien de una familia casi marginal", se quejó.
La abogada detalló que "personalmente he intentado destrabar la situación antes que se ejecute a esta familia y que no solo pierdan la totalidad de su propiedad, sino que los que sobrevivan a esta injusticia tendrán sobre sus espaldas el pago de los aportes previsionales de Zenteno Goytia".
Luego la abogada afirmó que, tras la negativa de una solución razonable y ante la evidente maniobra confiscatoria, denunció, a pedido de sus clientes, a Zenteno Goytia por "suscripción engañosa de documento" y que la respectiva queja penal la hizo en la fiscalía Penal Nº 3.
Villarroel, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, aseguró que durante su larga trayectoria realizó diversos juicios sucesorios de propiedades mucho más importantes y que siempre le regularon honorarios que fluctuaban entre los 10.000 y los 30.000 pesos.
"No quiero pensar que la Caja de los Abogados esté en problemas y necesite sobrevaluar los sucesorios. Más bien me inclino a pensar que se trata de un error que entre todos debemos subsanar, por el bien de la Justicia y de los ciudadanos que recurren a nuestros servicios", graficó.

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