El Ministerio Público Fiscal realizó el formal pedido al Juzgado de Instrucción Nº 7 de Paraná para que la causa que investiga la supuesta estafa de un grupo de abogados y un exfuncionario a un empresario rosarino sea elevada a juicio oral y público.
Se trata de la denuncia realizada por Orlando Vignatti a mediados de setiembre de 2009 contra las personas que decían pertenecer a un grupo inversor que lo habrían intentado estafar en 300.000 dólares. Los procesados en la causa son el escribano Carlos Emilio Torrealday, de 63 años, sus dos hijos Flavio de 40 y Guillermo de 29, y el exfuncionario provincial del Consejo General de Educación y de la Uader Alejandro Richardet. Les imputan los delitos de Tentativa de Estafa procesal y Estafa Procesal en Concurso Ideal con Falsificación.
Luego de que la Justicia entrerriana rechazara el pedido de suspensión del juicio a prueba realizado por los acusados, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull solicitó al juez de Instrucción Elvio Garzón que eleve el expediente a la Sala Primera de la Cámara del Crimen para que el hecho, los testimonios y las probanzas sean debatidos en el juicio oral y público. En los próximos días hábiles se correrá vista a la querella, que tendrá 10 días para realizar algún planteo nuevo, al igual que la defensa, de lo contrario se clausurará la instrucción.
Intimación de pago y denuncia
Todo comenzó cuando Vignatti se sintió afectado por una maniobra fraudulenta en la cual los acusados pretendieron cobrarle 300.000 dólares producto de un préstamo confeccionado de modo irregular. La Justicia Civil de Paraná en primera instancia había ordenado que el rosarino debía pagar la deuda al grupo inversor.
Vignatti se defendió asegurando que no era real que haya tomado tal préstamo compuesto -luego se conoció- por un remisero, quien al ser convocado a la Justicia negó tajantemente haber participado de la operación junto a los demás profesionales. El testimonio del hombre echó por tierra la posibilidad de avanzar con el reclamo del dinero por parte de los profesionales y del exvocal del CGE. Puntualmente, habría admitido que Richardet le hizo firmar en su desconocimiento varios documentos para formar parte de una cooperativa. Luego se enteró de que él le había prestado al empresario 300.000 dólares. El remisero dijo que firmó algunos formularios, pero nunca tuvo intenciones de ser el responsable de una organización prestamista de gran escala.
Luego los abogados querellantes en la causa, Enrique Bacigalupe y Francisco Chiovetta, plantearon la demanda partiendo de una doble situación que perjudicaba a Vignatti: no solo la situación fraudulenta, sino también por ese fallo que lo intimó a pagar la supuesta deuda.
La investigación estableció que la documentación del préstamo entregada por los profesionales a la Justicia era falsa, habida cuenta de las pericias oficiales efectuadas determinaron que las firmas no pertenecían ni a Vignatti ni al titular de la firma, el remisero de Paraná.
Tras el procesamiento dictado por el juez Elvio Garzón, los defensores Julio Federik y Nelson Schlotauer apelaron la medida, que luego fue confirmada por la Sala II de la Cámara del Crimen, la cual además rechazó el pedido de Probation. Este planteo fue llevado al máximo tribunal de la Provincia, pero Sala Penal del STJ, en octubre de 2012, confirmó lo fallado por Garzón y los vocales de la Sala II. Ahora resta un solo paso para llegar al juicio.
