Es la primera vez un Juez pide a la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones que se comunique a las teleoperadoras nacionales la exitencia de un condenado por delitos de tenencia y distribución de pornografía infantil, imponiendo además al condenado el impedimento de acceder a Internet. Así pues, las operadoras de telecomunicaciones quedarán obligadas a no acordar un contrato de prestación de servicios en el que se facilite al condenado su acceso a Internet.