La intimación se resolvió por unanimidad ayer (11 de abril) y tomó la forma de una carta documento al gerente de la Región Litoral, Martín Gainza, con copia al director ejecutivo nacional de la Ansés, Diego Bossio, y al gerente de la Unidad de Atención Integral (Udai) de Rosario, Andrés Giménez, "bajo apercibimiento de hacerlos personalmente responsables por las consecuencias civiles y penales que pudieran caberles por esta vía de hecho".

El texto, que firma el presidente de la institución, Ignacio Del Vecchio, considera que "las afirmaciones vertidas en la cartelería de referencia de manera general, impersonal, indefinida e inespecífica afectan negativamente el honor y buen nombre de miles de colegas, perjudicándolos en su derecho a ejercer una profesión digna".

El escrito solicita "los datos de identidad de los abogados aludidos en la cartelería, si los hubiere, que habrían incurrido en la presunta comisión del delito de defraudación y los juzgados ante los cuales tramitan las causas respectivas, a los efectos de dar intervención pertinente al Tribunal de Etica del Colegio de Abogados".

Por su parte, el Instituto de Derecho Previsional, a pedido del Colegio, se encuentra abocado a elaborar un detalle minucioso de las falencias y arbitrariedades en que incurre la Ansés en relación con los servicios que presta y los actos que dicta. Estos reclamos serán remitidos a las autoridades competentes con el objeto de erradicar el flagelo que significan para el adecuado ejercicio profesional.