Según la iniciativa, las empresas radicadas en la provincia que sean sancionadas por violar la Ley de Defensa del Consumidor deberán pagar de inmediato las multas impuestas por el Estado provincial o los municipios aunque recurran a la Justicia para frenar esas resoluciones. Es un proyecto que impulsan los diputados del oficialismo, Mario Caputo y Evangelina Ramírez.
La idea es modificar el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios con el fin de “posibilitar la inmediata ejecución de las sanciones respetando el derecho constitucional de defensa y el debido proceso”, según los lineamientos principales de la propuesta legislativa que sería tratada en marzo.
En los fundamentos, los dos autores aclaran que “la actual redacción del Código permite que los infractores a los derechos de los consumidores escapen a las sanciones que se les imponen sin importar la gravedad o perjuicio que generan con el solo hecho de impugnar judicialmente la resolución que dicta la autoridad de aplicación”.