Luego de la masiva movilización en la que más de cuarenta mil rosarinos marcharon a las puertas de los Tribunales provinciales y hasta la sede local de la Gobernación para reclamar mayor seguridad y justicia, presentan en el Congreso Nacional la iniciativa que promueve mejorar los recursos judiciales a través de la creación de espacios específicos para luchar contra la narco criminalidad.
El proyecto pertenece al diputado nacional Alejandro Grandinetti, quienafirmó que “la Provincia de Santa Fe reclama a gritos la presencia del Estado en cuanto al tratamiento integral de la compleja trama de inseguridad cotidiana, no sólo ya en los grandes núcleos urbanos, sino también en muchas localidades que se ven sorprendidas por hechos que antes no existían”.
Sobre eso, señaló que “actualmente se desprende de las estadísticas oficiales que gran parte de los delitos cometidos son conexos al mundo del narcotráfico, desde simples robos para obtener recursos que les permitan acceder al suministro de estupefacientes para consumo, hasta batallas campales que incluyen la utilización de armamento de guerra entre bandas por disputas territoriales donde confluyen crímenes, robos, violaciones, trata de personas”.
Al respecto, Grandinetti consideró que “si bien es justo el reclamo de más agentes de seguridad de las fuerzas federales, el servicio de Justicia actual, en su limitación de recursos, es también un asunto para mejorar”. En ese sentido, el parlamentario nacional aseguró que “es muy notorio el atraso que atraviesa la justicia de la Provincia de Santa Fe” y lo ejemplificó señalando que “el Juzgado Federal N° 3, desde su creación, en 1979, sólo incrementó su personal en tres agentes, cuando la narco criminalidad creció exponencialmente, abarrotando sus instalaciones de causas judiciales”.
Ante esto, en primer lugar, su proyecto propone “la creación de las nuevas Secretarías en los Juzgados Federales N° 1 y N° 2 de la ciudad de Santa Fe, en el N° 3 y el N° 4 de Rosario, y en los de Rafaela, Reconquista y de Venado Tuerto, con competencia en la investigación y persecución de los delitos provenientes del tráfico ilegal de estupefacientes comprendidos en la Ley N° 23.737 y el Código Penal Argentino”.
En segundo término, la normativa solicita al Gobierno Nacional que se incremente el presupuesto del Poder Judicial de la Nación vigente, hasta cubrir lo demandado para la instalación y funcionamiento de las dependencias propuestas. A su vez, también instruye a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura nacional que deberán proveer todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.
Hace pocas horas, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció el lanzamiento del plan “Argentina sin narcotráfico”, que incluye la coordinación de varias acciones públicas para combatir la droga en la sociedad. En efecto, el Vicepresidente del Bloque del Massismo en la Cámara baja respaldó la medida pero consideró que “es fundamental que se reconozca la necesidad de mejorar la estructura judicial de trabajo, a partir de un mayor número de elementos que el Estado debe proveer”.
Por último, el Diputado Grandinetti concluyó diciendo que “la idea es hacer más expeditivos los asuntos administrativos y acelerar los tiempos en la resolución de los mismos, trabajando específicamente y obteniendo mejores resultados en la batalla contra la narco criminalidad”.
