El Fiscal General, Jorge Baclini, los cinco Fiscales Regionales y once fiscales de toda la provincia se reunieron ayer con el gobernador, Miguel Lifschitz, en Rosario, para manifestarle su preocupación por la ley que aprobó la Legislatura, que cambia el mecanismo de remoción de fiscales y defensores. "Le dijimos a la máxima autoridad provincial que la norma aprobada por los legisladores es un avasallamiento a la independencia de los poderes propia de una república y aniquila la autonomía del órgano encargado de la persecución penal", consideró Baclini. También le trasladaron el "inmediato rechazo" que la norma generó en "las instituciones más representativas del país vinculadas a la persecución del delito, al Derecho Penal y al Derecho Procesal Penal". Lifschitz se comprometió a estudiar la ley aprobada y determinar los pasos a seguir.

Con la nueva ley, el régimen de remoción de los Fiscales y Fiscales Adjuntos pasa a depender exclusivamente del Poder Legislativo y los coloca en una situación de inestabilidad y precariedad en relación a su objetividad técnica y funcional. "Entendemos que este nuevo mecanismo que aprobaron los diputados y senadores es de dudosa constitucionalidad y coloca a la provincia de Santa Fe en un lugar de retroceso de su calidad institucional en relación a las provincias argentinas", aseguró el fiscal general. "Si bien la modificación fue aprobada de forma unánime, no deja de sorprendernos que se hizo de forma sorpresiva, intempestiva, sin debate previo y en la última sesión ordinaria del año".