El reclamo de justicia para los familiares de las víctimas de la tragedia de Salta 2141 no se agota mientras haya posibilidades en el marco de la ley.
Los únicos querellantes del proceso penal, la familia de Débora Gianángelo, unas de las 22 vidas que se llevó la explosión y derrumbe de un edificio hace 10 años, exige que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haga lugar a una queja y revise el proceso que tuvo una sola condena y diez absoluciones. Para ellos, la fuga de gas se desató por un escenario anterior negligente de la empresa Litoral Gas, que días previos al hecho realizó inspecciones, pero no certificó la inoperabilidad de una válvula de bloqueo que colapsó cuando el gasista la manipuló el 6 de agosto de 2013.
Si es necesario, llevarán el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.