La decisión de la entidad que preside Diego Gutiérrez se dio a conocer a pocos días del asesinato del abogado Rito Omar Giménez en Presidencia de la Plaza, donde recibió cuatro disparos de armas de fuego por el hermano de quien fue su cliente.
También se tuvo en cuenta el asesinato abogado correntino “Tito González en un local céntrico de Corrientes” y que se tratan de “acciones replicadas en el ámbito local y nacional, y ante la insuficiencia de simples declaraciones públicas que hemos realizado acusando una rápida justicia”.
Por ello ese colegio “ve con preocupación la escalada en los hechos de violencia que afectan a la sociedad, y hace un llamado a la paz social, rechazando actos violentos y la barbarie siendo estas formas opuestas a la ciudadanía”.
Luego remarcó que “solo a través del trabajo de la sociedad civil, sus instituciones y el Estado, podremos revertir la situación actual”.
“El terrible suceso, qué en este caso en particular afecta a un profesional del Derecho, que en resumidas cuentas no es más que otro ciudadano ejerciendo su digna profesión, aumenta la ominosa cuenta de víctimas de la situación actual, y ante ello no queda más que la reflexión por un lado y la acción concreta para erradicar este mal en todas sus formas”, añadió.
La propuesta
Gutiérrez destacó que “actualmente encontramos entre las agravantes del artículo 80, inciso 8°, la figura agravada del homicidio cuando se cometiera contra algún miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición. (Inciso incorporado por artículo 1° de la ley N° 25.601 Boletín Oficial11/6/2002)”.
Y señaló que lo propuesto “no reviste novedad, puesto que si se revisan los antecedentes legislativos sobre el tema, encontramos que ya se ha incorporado la figura de los profesionales como sujeto pasivo de la figura propuesta”.
“La calificación se encuentra referida al mayor riesgo que corren ciertas personas en razón de su profesión y la mayor alarma social que similares argumentos que se emplea cuando el ataque haya tenido lugar con motivo o en ocasión del ejercicio de las funciones inherentes al cargo o por desempeñar un acto de servicio como integrante de las fuerzas de seguridad”, añadió.
“Nuestro objetivo es preservar mediante el refuerzo de la pena, la vida de los profesionales que encarnan mediante su ejercicio actividades que son socialmente relevantes. Lo que se intenta proteger con este tipo de norma es, en realidad el bien jurídico es la vida de un integrante de distintas profesiones en virtud de los actos funcionales o de su cargo o condición de tales, sin que ello pretenda ser un privilegio de clase o casta”, se argumentó.
Y también que el proyecto impulsará con “la esperanza” de que “pueda ser acompañado por la firma de otros colegios y consejos profesionales, de cualquier profesión” para que la Cámara de Diputados de la Nación “evalúe darle estado parlamentario a partir del inicio de periodo ordinario de sesiones”.
