El anteproyecto, de 100 artículos, es el resultado de más de tres años de trabajo que involucraron a más de 3.000 expertos del país y miembros de la sociedad civil, y "hace foco en el cuidado de las víctimas, involucrándolas activamente, e introduce alternativas de inserción social para que esos jóvenes no vuelvan a cometer delitos", señaló la cartera que conduce Germán Garavano.

Además, destacó que se ordena en cuatro ejes: 1) contar con una Justicia especializada, 2) abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa, 3) fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos, 4) procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas.

Según el texto, el proyecto "no implica una baja de edad sino la creación de un sistema de responsabilidad penal juvenil homogéneo a nivel federal que permita hacer responsables a los adolescentes de 15 años únicamente por los delitos más graves". Además, fija el carácter excepcional de la sanción privativa de la libertad, ya que sólo podrá imponerse cuando las medidas o sanciones socioeducativas y disciplinarias no resultaren adecuadas para los fines de esta ley o fracasen con anterioridad por razones imputables al adolescente.