D’Ambrosio y Di Pollina expresaron su confianza en que Senadores apruebe este jueves -tal como lo hiciera Diputados la semana pasada- el veto parcial del Ejecutivo. Así, quedaría firme la norma que prevé expropiaciones temporales que beneficiarán a empleados de empresas quebradas que luchan por conservar sus fuentes de trabajo. Fuente: El Ciudadano
Durante una recorrida por las instalaciones del ex supermercado Tigre de Tucumán entre Corrientes y Entre Ríos, que funciona en manos de sus trabajadores, los diputados provinciales Ángel D’Ambrosio y Eduardo Di Pollina expresaron su confianza en que la Cámara de Senadores apruebe este jueves -tal como lo hiciera Diputados la semana pasada- el veto parcial del Ejecutivo. Así, quedaría firme la norma que prevé expropiaciones temporales que beneficiarán a empleados de empresas quebradas que luchan por conservar sus fuentes de trabajo.
D’Ambrosio y Di Pollina coincidieron en definir el veto dispuesto por el gobernador Carlos Reutemann como meramente “técnico”, por lo que no modifica sustancialmente el contenido de la nueva ley, la 12.167, que establece modificaciones a una norma anterior, la 7.534. Los cambios aprobados por diputados y senadores provinciales prevén que puede expropiarse el uso temporal por dos años como máximo de bienes de empresas quebradas. Para que la expropiación temporal pueda concretarse, la norma establece una serie de requisitos entre los que se cuenta que no exista, en el marco de las quiebras, “una oferta por la empresa como unidad que satisfaga el pago de las acreencias y la continuidad laboral de un número significativo de trabajadores”.
Además, para que el Estado provincial se haga cargo de la expropiación debe existir un pedido formal de los trabajadores de la empresa quebrada organizados en una cooperativa, que también deberán presentar un programa de explotación que demuestre la factibilidad “comercial, técnica y económica” para continuar o reiniciar la actividad. La norma que quedaría definitivamente aprobada mañana indica también que los trabajadores que se hagan cargo de empresas quebradas deberán devolver al Estado, teniendo en cuenta “la situación presente y futura de la unidad económica” que llevan adelante, el dinero gastado en la expropiación.
Ayer, D’Ambrosio y Di Pollina recorrieron un establecimiento en el que, según coincidieron con el representante de los trabajadores, Carlos Ghioldi, se podría aplicar la ley a punto de sancionarse: en el ex Tigre de calle Tucumán funcionan, administrados por los trabajadores, un supermercado comunitario y un comedor que fue abierto a partir de un convenio con la Federación Universitaria de Rosario. “Acá se cumplen todos los requisitos establecidos por la ley para impulsar la expropiación, así que vamos a ponernos a trabajar con nuestros asesores jurídicos”, indicó Ghioldi, quien expresó “agradecimiento” a “los legisladores que ponen sus bancas del lado de los trabajadores” y remarcó que “hace un año, en la provincia ni se podía hablar de expropiación; por eso creemos que esta ley, aunque no soluciona todos los problemas, es un avance”.
D’Ambrosio, por su parte, también realzó el valor de la ley, pero a la vez señaló que valdrá de poco en el caso de que no haya “más voluntad política” para respaldar la recuperación de empresas en el futuro gobierno de Jorge Obeid. Es que, según indicaron trabajadores protagonistas de distintas experiencias en territorio santafesino, durante el período como gobernador de Reutemann hubo escaso apoyo oficial a los intentos de preservar fuentes de trabajo a través de cooperativas. En cambio, en otros distritos como la ciudad y la provincia de Buenos Aires hubo respaldo gubernamental en varios casos de expropiación de bienes de empresas recuperadas por sus trabajadores.
También desde el gobierno nacional surgieron señales de apoyo: hace poco, el ministro de Trabajo Carlos Tomada anunció en Rosario que se impulsarán modificaciones a las leyes nacionales que faciliten la recuperación de empresas quebradas. Y además, se ofrecen a los trabajadores distintas herramientas de financiamiento de las actividades que pretenden sostener.
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