Un grupo de abogados hizo público hoy un documento que denuncia la ilegalidad del juicio político que destituyó a Fernando Lugo y señala que las causales son inexistentes y que el reglamento utilizado en la Cámara de Senadores violó la Constitución Nacional.

El documento ataca la legalidad del procedimiento desarrollado en la Cámara alta paraguaya ya que el reglamento en el que estuvo basado es una disposición interna "que no puede constituirse en parte de nuestro ordenamiento jurídico, al no ser sancionado y promulgado como ley".

"La facultad que tiene el Parlamento de dictar su propio reglamento solo importa al funcionamiento de ambas cámaras y a la plenaria de la bicameral, pero nunca puede servir como instrumento legal y válido al instalarse la Cámara de Senadores como Tribunal de Juicio Político", añade el texto.

El documento, elaborado por un equipo de juristas, fue presentado ante la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras (Conamuri) aunque los autores no precisaron si llevarán esta postura ante otra instancia.

Ese texto, del que informa la agencia estatal IPParaguay, objeta además las cinco causales presentadas en el Congreso como libelo acusatorio contra el ex mandatario y las considera "inexistentes" e "inventadas".

"A la fecha de la implementación del juicio político y la sentencia condenatoria contra el presidente no estuvo determinada la responsabilidad de persona alguna de los hechos punibles, y mucho menos resolución alguna de juzgados y fiscalías penales que sindiquen a Lugo como responsable de los hechos punibles como exige de forma inexcusable el artículo 14 del Código Penal", señaló el abogado Alberto Alderete, integrante del grupo jurista.

Alderete señaló que ninguno de los cinco puntos del libelo revela el supuesto mal desempeño de Lugo y que fueron acusaciones genéricas, sobre cuestiones inexistentes o estrictamente judiciales donde no se puede señalar responsabilidad del ahora ex mandatario.

El documento elaborado por ocho abogados denuncia que el juicio que destituyó al presidente electo en 2008 transgrede diez artículos de la Constitución Nacional referidos a la soberanía popular, el debido proceso y defensa en juicio, del derecho a la igualdad, de la primacía del interés general y del referido a la propia figura del juicio político, entre otros.

Según Alderete, con la destitución de Lugo se violó no solo los derechos humanos del enjuiciado sino de todos los ciudadanos paraguayos porque tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales garantizan al pueblo su derecho de elegir libremente a sus autoridades, como lo ha hecho en 2008.

"Un poco más de 90 personas han usurpado al pueblo paraguayo ese derecho constitucional y ha destituido al presidente electo por el pueblo paraguayo y ha colocado como presidente a la persona del gusto de ellos", sentenció.

Consideró que el juicio "no fue más que un teatro montado para dar visos de legalidad a un acto de inconstitucionalidad" y anunció que en caso de que la Corte Suprema de Justicia paraguaya rechace la acción de inconstitucionalidad promovida por Lugo recurrirán a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "demandando al Estado paraguayo de haber violado todos los derechos constitucionales y de derechos humanos del presidente Lugo y del pueblo paraguayo".

El documento fue suscrito por los abogados Constancio Mendoza, Victor Bobadilla, Alberto Alderete, Pedro Almada, Gloria Estaragó, Ximena López y Silvia González.