Celebraron que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) haya iniciado un proceso de modificación del proceso penal inspirado en los principios de oralidad, contradicción, celeridad y publicidad. Pero exigieron un debate que por lo menos incluya a académicos, profesionales y magistrados, y el consenso de los tres poderes del Estado.
Ese es el tono de la nota que el Colegio de Abogados de la Capital remitió este 2 de mayo pasado a Antonio Estofán, presidente de la Corte y uno de los promotores del Plan piloto para la profundización del sistema acusatorio. Aquel programa, que debía debutar el 15 de abril en los Tribunales de Concepción, fue judicializado y generó un conflicto entre miembros del alto tribunal y la Legislatura (estos últimos sostienen que la iniciativa requiere -sí o sí- de una ley).
"La política criminal es una cuestión de Estado, que afecta e interesa al cuerpo social entero y, por lo tanto, debe ser la aceptada expresión de los factores directamente involucrados (en el sistema procesal penal)", definió la entidad presidida por Francisco García Posse. Según esa institución, el plan de asistencia técnica que (por encargo de la Corte) confeccionó el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) constituye una "base suficiente" para la elaboración de proyectos definitivos que impongan reformas normativas necesarias para la implementación del nuevo modelo.
Los letrados sugirieron conformar equipos de trabajo que incluyan a sus representantes (en abril, Antonio Gandur, vocal de la CSJT, había propuesto armar una comisión con miembros de la Justicia y la Legislatura). "La actuación integrada y participativa que aconsejamos garantizará la redacción de un plexo de normas que, conocido de antemano, comprometerá a todos los actores en la aplicación práctica del nuevo proceso", añadieron.
El omitido
Los letrados consideraron que el plan piloto (sujeto a evaluación y ajuste) aprobado por la CSJT afecta al Código Procesal Penal y a la Ley Orgánica de Tribunales: "con ello resiente la jerarquía normativa, que es la piedra angular de la organización jurídica fundacional".
En el terreno de las críticas particulares y entre otras observaciones, el Colegio expresó que en la aplicación del sistema promovido por la Corte (adversarial) el reto principal consistirá en introducir el principio de oportunidad (permite elegir qué denuncias serán investigadas) en un paradigma dominado por el principio de legalidad (obliga a investigar todo). Y afirmó que el plan introduce un desequilibrio entre las partes en beneficio del fiscal: "sin embargo, el mayor desequilibrio aparece cuando advertimos que el abogado particular ha quedado absolutamente omitido en las acordadas reglamentarias del proyecto".
