El caso se originó a raíz de numerosos reclamos similares que señalaban una presunta negativa abusiva a procesar las solicitudes de cancelación de servicio. Se demostró que ADT rechazaba estas solicitudes sin motivo aparente, condicionaba la cancelación al pago de facturas pendientes o a otros requisitos adicionales, y no gestionaba adecuadamente los reclamos de los usuarios.

Tras la acusación, la Secretaría otorgó a ADT un plazo adicional de 5 días para presentar su defensa y proporcionar pruebas que refutaran las acusaciones. Sin embargo, la empresa no logró demostrar que contaba con un sistema efectivo para gestionar reclamos y cancelaciones de servicio, lo que confirmó la práctica generalizada denunciada.

Los jueces destacaron que, además de las pruebas presentadas, se recibieron denuncias adicionales después de la acusación inicial, lo que refuerza la validez de la sentencia. En resumen, el fallo ratifica la existencia de una práctica sistemática de obstrucción por parte de ADT en los procesos de cancelación de servicio, lo que justifica la multa impuesta.