La afirmación corrió por cuenta de Paulina Ruiz Tapia y Lidia Aspee, presidenta y tesorera respectivamente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur de Santiago de Chile.

Con más de cinco años en funciones, ambas llegaron a Rosario invitadas por el Instituto de Formación Judicial (Infojud) de la Asociación Tribunales de Rosario para presentar la experiencia chilena bajo la consigna "Sistema penal chileno, oralidad, la visión de los trabajadores".

Santa Fe tomó algunos aspectos del modelo que se aplica en Chile para encarar la transformación judicial provincial.

Si bien destacaron las bondades del sistema y se autoproclamaron "pro reformistas", advirtieron que, fruto de aspectos no planificados previo a la instrumentación de la reforma, en Chile se generaron complicaciones indeseadas que ponen en situación de colapso a las oficinas fiscales, con una sobrecarga horaria para los empleados y jornadas laborales que llegan a las 14 horas.

Anticiparse. "En Chile, en las fiscalías regionales no se proyectó el número de ingresos que se iban a generar después de la reforma. Como el nuevo proceso resulta más amigable para el denunciante, la gente se volcó a las fiscalías. Entonces muchas oficinas quedaron abarrotadas y con poco personal, mientras que en otras regiones del país pasó lo contrario. Hay más dotación de personal y pocas denuncias", explicó Paulina Ruiz Tapia.

"En las áreas donde está la población de menores recursos, la gente se volcó a las fiscalías porque se siente más acogida por el personal, sobre todo en delitos delicados, como el abuso sexual o violencia familiar", indicó Ruiz Tapia.

Nuevos roles. En ese sentido, aclararon que "la policía dejó de recepcionar esas denuncias y nunca brindó contención psicológica o unidades de atención de víctimas y testigos, que sí tienen funcionando las fiscalías como un órgano contenedor. Esto generó un incremento muy grande del nivel de denuncias en los sectores de menores recursos", ampliaron.

Para las empleadas judiciales del país trasandino, este aumento de denuncias significó una sobrecarga de trabajo. "La demanda laboral creció considerablemente. Las víctimas visualizaron que tenían más contención de parte de las fiscalías y comenzaron a exigir y demandar más", coincidieron las profesionales.

Para sumar. El carácter de la jornada tuvo un espíritu "constructivo", destacó el secretario ejecutivo de la Asociación Tribunales de Empleados del Poder Judicial de Santa Fe, Juan Nucci.

El dirigente valoró la importancia de la experiencia chilena para tomar nota y no caer en los mismo errores, que pondrían en una situación indeseada a los empleados santafesinos.    

"En general, la descripción que se hace del sistema chileno está reflejada en los proyectos de implementación en Santa Fe. Pero hay que destacar que estamos charlando en buenos términos con las autoridades. Acá se contempla la Oficina de Gestión a cargo de un profesional que no es del derecho, y respecto a otros integrantes del Poder Judicial, los riesgos existen, tal vez no tan nítidos, por la historia sindical entre uno y otro país", sintetizó Nucci.

El dirigente aclaró que hay rasgos diferenciados. "En Santa Fe el Ministerio Público estaría en la órbita del Poder Judicial (en Chile es autónomo). No obstante, el exceso de atribuciones que pudiera tener, tanto el fiscal general como el defensor general respecto a otros sectores judiciales, puede acarrear problemas".

Acto de jueces

Los jueces rosarinos realizarán hoy, a las 13, un acto en el hall de los Tribunales provinciales para dejar sentada su preocupación ante el colapso judicial. La movida, organizada por la Federación Argentina de la Magistratura, se hará en todo el país. Además de los jueces participarán fiscales, defensores y secretarios.