El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, rechazó que ese organismo sea el encargado de aplicar la ley antiterrorista a los productores agropecuarios si el Gobierno decide instrumentar esa vía para obligarlos a liquidar exportaciones. “

"Esas versiones no tienen ningún fundamento. Para un eventual caso hay otras herramientas legales vigentes, como lo es la Ley Penal Tributaria"”, dijo el funcionario.

"“Las versiones corren por cuenta del diario que las publicó"”, dijo, e insistió en que su organismo “sólo aplica la Ley Penal Tributaria”. El funcionario cargó contra las cerealeras que mantienen deudas con el fisco al “preanotar existencias para descontar impuestos”.

Puntualizó que Cargill debe u$s228 millones, Bunge, u$s126 millones, LDC, u$s141 millones, Aceitera General Deheza, u$s48 millones, Molinos u$s197 millones, Nidera, u$s132 millones, Vicentín u$s62 millones, y Oleaginosas Moreno u$s17 millones. En total, la deuda alcanza u$s951 millones.