La Corte Suprema está estudiando un fallo que otorgará una recomposición parcial de haberes a cientos de jubilados que tienen reclamos ante ese Tribunal. La decisión estaba tomada hace un par de semanas, pero un informe de la ANSeS puso paños fríos. Ahora el planteo está siendo revisado, aunque en el Tribunal estiman que la evaluación oficial sobre el impacto económico que tendría la medida es “exagerada”.

La eventual sentencia de la Corte elevaría a una cifra aún no establecida el ajuste del 13,8% en las jubilaciones que reconoció el Tribunal en diciembre de 1996, con el voto de la mayoría menemista, en el fallo “Chocobar”. El período de actualización de las jubilaciones que está en discusión es el comprendido entre abril de 1991 y setiembre de 1995, y beneficia a los trabajadores que se jubilaron hasta 1994, por las leyes anteriores a la última reforma previsional.

Según fuentes del Tribunal, “varios jueces planean dar vuelta la jurisprudencia instaurada en el caso Chocobar”, que estuvo lejos de reconocer el 35% que había dispuesto la Cámara Previsional. En la Corte argumentan que esta medida, más la reciente derogación que hizo el Tribunal del artículo 19 de la Ley de Solidaridad Previsional —impulsada por el entonces ministro Domingo Cavallo—, clausurará el capítulo de los temas pendientes sobre la situación de los jubilados.

Hasta hace unos días, en el Tribunal estimaban que la nueva sentencia sobre jubilaciones iba a ser firmada la semana próxima, cuando estuviera de regreso el juez Augusto Belluscio.

Sin embargo, ahora la discusión está estancada. El motivo: los jueces recibieron en sus despachos un informe de la ANSeS, al que accedió Clarín, que arrojó cifras altísimas sobre el impacto fiscal que tendría el fallo. El mismo considera que “se propiciaría aplicar una movilidad del índice general de remuneraciones que arrojaría una variación del 64% para ese mismo período”.

También considera la ANSeS que la medida podría tener un impacto de 1.000 millones de pesos anuales si se aplicara a todos los casos que llegaron a juicio (más de 160.000), mientras costaría al Estado 5.236 millones el pago de los retroactivos.

Pero eso no es todo. Bajo el título de “ANSeS: impacto ajuste por movilidad”, el organismo señala que en caso de que el ajuste se hiciera extensivo a todos los jubilados, aun los que no tienen juicio, la cifra sería de 2.800 millones de gasto corriente anual, más 5.600 de retroactivos. Sumando los casos judiciales y los reclamos administrativos, la ANSeS señala un gasto anual de 3.838 millones, y un gasto por retroactivos de 10.900 millones.

En la Corte estiman que el informe es “exagerado”, y merece al menos dos consideraciones. Una de ellas es que los juicios que hay en la Corte sobre este planteo no llegan a 1.000 (hablan de 300 o 700), y que es una decisión del Gobierno extender o no este beneficio al resto de los re clamos. “Esta es una decisión política que tiene que tomar el Gobierno, y no es algo sobre lo que tenga que pronunciarse el Tribunal”, señaló a Clarín uno de los jueces.

El otro aspecto que señalaron en el Tribunal es que la ANSeS no tiene en cuenta que la prescripción de estos reclamos es a los dos años, por lo que los casos serían muchos menos que los que contabilizó el organismo.

La palabra final sobre el tema aún no está dicha, y en la Corte evalúan la idea de pedir un nuevo informe económico.

Fuente:www.clarin.com