El fiscal que interviene en la causa por la amenaza armada a un taxista por parte del subsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Rossi, apeló la falta de mérito que le había dictado al funcionario el juez de Instrucción Carlos Carbone. Ahora, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal deberá revisar el expediente y decidir si confirma o revoca la medida favorable a Rossi dispuesta por el juez de primera instancia el 11 de abril pasado. Sólo que lo hará con nuevas pruebas incorporadas al expediente. En los últimos días se agregó un informe de la Guardia Urbana Municipal (GUM) que refleja haber intervenido en el lugar ante una intimidación armada. Y antes de que la causa suba al tribunal superior, un efectivo de la fuerza municipal deberá declarar qué vio al concurrir al lugar del hecho.
Un día antes de que venciera el plazo para apelar la falta de mérito dictada al responsable de la seguridad de la provincia, el fiscal Esteban Franichevich planteó su desconformidad con esa medida, que deja a Rossi más cerca de su desvinculación definitiva que de un procesamiento. De todos modos, el fiscal pidió que, antes de que la causa llegue a la Cámara, se realice una medida que se mantuvo en secreto. Se trata de “un testimonio que tiene que ver con cierta documentación”, dijo una fuente del caso. No se confirmó si se trata o no de la declaración de un empleado de la GUM que aún está pendiente.
Carbone, juez de Instrucción Nº 9, resolvió hace más de una semana que no había pruebas suficientes contra el funcionario provincial. A su criterio, el minucioso relato del gendarme que desarmó a Rossi el 7 de noviembre pasado en la cabecera del puente Rosario-Victoria no fue suficiente. Es que la supuesta víctima, el remisero Sergio Amaya, negó ante el juez haber visto un arma tras ser embestido por la 4×4 de Rossi.
Como la medida no es definitiva, Rossi sigue vinculado a la causa mientras se incorporan nuevas pruebas. Una de ellas se anexó al expediente con posterioridad a la resolución: la GUM informó que acudió al lugar del hecho porque “un funcionario de seguridad pública estaba intimidando o encañonando con un arma a otra persona”, según revelaron fuentes judiciales.
La fuerza municipal, según declaraciones del gendarme Iván Méndez, estuvo en el lugar cuando Rossi ya había arrojado el arma al piso. Sus hombres ordenaron el tránsito, descontrolado tras el choque, y corrieron a los curiosos. Luego arribó al lugar la policía, que documentó el caso como un simple accidente de tránsito.
Tras recibir el escrito de la GUM, el fiscal Franichevich pidió que se llame a declarar a uno de los efectivos que estuvo allí. Esa no es la única medida que podría implementarse antes de que el caso sea supervisado por la Cámara. El fiscal también pidió la reconstrucción del hecho ante las contradicciones entre los testigos. El gendarme sostiene que, tras ser apuntado con el arma, el taxista bajó del auto y se apoyó contra el vehículo con los brazos en alto. Pero Amaya dice no recordar eso y niega haber visto el arma. Carbone aún no decidió si implementa o no esa medida que le permitiría comprobar con claridad qué pudo ver cada uno de los testigos.
Cuando reciban el expediente por el caso Rossi, les jueces Humberto Giménez, Ramón Ríos y Juvencio Mestres podrán acordar con el criterio de Carbone o revocar la falta de mérito. En cualquiera de los dos casos continuará la investigación, aunque el criterio de la Cámara es un precedente de peso para inclinar en uno u otro sentido la pesquisa. La apelación será recibida por la Sala II sólo si el fiscal de Cámara Guillermo Camporini mantiene la apelación planteada por Franichevich.
Fuente:www.lacapital.com.ar