Apme señala que el Congreso Nacional está tratando uno de los proyectos de ley exigidos por el FMI en el marco de las reformas estructurales que persigue desde hace tiempo.

“El objetivo final es generar la mayor cantidad de recursos para asegurar el pago de los servicios de la deuda externa, tanto al propio Fondo, que recibe trato privilegiado, como a los acreedores privados. Estos últimos ejercen su presión a través de los gobiernos del G7 que, a su vez, controlan el accionar del FMI”, advierten.

Asimismo, la entidad consigna que el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal pretende regular las relaciones entre Nación y provincias, congelando el gasto público en los exiguos niveles actuales. “En caso de ser aprobado se profundizará la ya crítica situación en áreas como las de salud, educación y empleo, entre otras”.

“¿Qué pretende el FMI con esto? Que las provincias tengan “saneada” su economía, para atender los ya mencionados pagos a los acreedores. Hoy el gobierno nacional es el principal acreedor de las provincias con el 76 % de las obligaciones. Si se aprueba la ley de responsabilidad fiscal, ¿cómo hace la nación para cobrar? Todas las provincias tendrían comprometida su recaudación sólo con sus obligaciones con el poder central”, expresa.

Apyme rechaza “este nuevo ajuste regresivo que ahondará la inequidad en la distribución de la riqueza”.

Por tal motivo adhiere a la movilización en repudio al proyecto convocada por la CTA y el Foro de Legisladores Nacionales por un Estado que garantice la igualdad y el desarrollo este miércoles 4 de agosto a las 14:30 horas desde Entre Ríos y Belgrano para marchar hasta el Congreso Nacional.

Fuente: www.elconsultorweb.com