Argentina regresará el lunes a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para ratificar y ampliar, en fase oral, las pruebas contra el Estado uruguayo, al que acusó de violar el Estatuto del Río Uruguay y autorizar unilateralmente la instalación de la pastera Botnia.

Se trata de la última etapa del proceso judicial, antes de que el máximo órgano judicial de Naciones Unidas (ONU) fije su posición ante la demanda argentina, un fallo que se espera conocer en un plazo aproximado de seis meses.

En las audiencias orales, que se extenderán durante tres semanas -hasta el 2 de octubre-, Argentina y Uruguay deberán defender con testigos, pruebas y peritos, sus argumentos en contra y a favor de la instalación de Botnia en la margen izquierda del compartido Río Uruguay.

Argentina, que por ser la demandante será la primera en exponer en esta instancia probatoria, ratificará que el Estado uruguayo "violó el Estatuto del Río Uruguay y autorizó unilateralmente la instalación de Botnia", avanzaron fuentes oficiales.

La delegación argentina insistirá en que Uruguay incumplió con sus "obligaciones de información y consulta previa" que dispone el Estatuto, pero además se centrará en las evidencias aportadas en relación a los efectos contaminantes de la pastera finlandesa Botnia, en funcionamiento desde el 9 de noviembre de 2007.

En ese sentido, Argentina advertirá que Botnia "generó diversos y recurrentes episodios de contaminación" que se manifestaron, entre otros fenómenos, en la "emanación de olores nauseabundos que afectaron a las poblaciones argentinas próximas a la planta, en la aparición de manchas en el río", en la multiplicación de algas "en una escala que no registra precedentes", revelaron fuentes diplomáticas argentinas con acceso a la causa.

Asimismo, se aportarán detalles sobre las "explosiones derivadas de accidentes en la operación de la planta", episodios que se han producido cada vez "con mayor frecuencia desde el último verano", añadieron las fuentes.

Los efectos que la instalación de Botnia está teniendo sobre el río y sus áreas de influencia, cuya preservación fue el objetivo del Estatuto de 1975, fueron recogidos en el Plan de Vigilancia Ambiental del Río Uruguay que, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Ambiente, viene recabando datos sobre el estado del aire, el agua, la flora y la fauna desde hace dos años.

Estos resultados fueron incluidos en los tres copiosos volúmenes de documentos complementarios que Argentina presentó a la Corte el pasado 30 de junio y 15 de julio, junto a otros informes científicos y técnicos, documentación diplomática relacionada con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), artículos de prensa, denuncias de vecinos de Gualeguaychú, etc., producidos con posterioridad a la Réplica argentina de enero de 2008.

Esta documentación, al igual que todas las presentaciones escritas de ambas partes -Memoria, Contra-memoria, Réplica y Dúplica- está cubierta actualmente por un pedido de confidencialidad impuesto por la Corte a las partes hasta el comienzo de las audiencias orales, que será cuando se haga público el material a través de la página web del tribunal.

En esta nueva etapa del juicio, los representantes argentinos, la consejera legal de cancillería, Susana Ruiz Cerutti, el director del Instituto del Servio Exterior de la Nación, Horacio Basabe, y Santos Goñi Marenco, embajador argentino en Países Bajos, expondrán los argumentos presentados en la fase escrita, introduciendo precisiones o actualizaciones y, si fuera el caso, responderán a las preguntas que eventualmente planteen los jueces del tribunal, el que posteriormente dictará sentencia.

El principal argumento de Argentinaes que Uruguay incumplió con obligaciones sustantivas y de procedimientos dispuestas por el Estatuto del Río Uruguay, en el primer caso, la obligación de "no contaminar" y, en el segundo caso, de "notificar y consultar" a Argentina decisiones que afecten el río y la calidad de sus aguas.