Una lucha fuerte de la familia, acompañada con la contundencia del defensor general Gabriel Ganón, posibilitó que el caso se investigue en la Justicia federal como desaparición forzada de persona. Ahora es el fiscal federal Santiago Marquevich el que lleva adelante la pesquisa y el que espera el resultado de una batería de pericias que se practicaron en el cuerpo. Las mismas se están realizando en distintas instituciones de Capital Federal y en breve estarán terminadas. Con todas las pruebas, la Fiscalía podrá acusar a los policías de la comisaría 7ª por las torturas seguidas de muerte.

En una conferencia de prensa en la puerta de la Gobernación, los abogados de las querellas, Santiago Bereciartúa por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y Salvador Vera, por la madre de Franco, explicaron el estado de la causa. Y detallaron la teoría de los familiares.

Franco había sacado su pasaje de regreso a Buenos Aires para el 6 de octubre a las doce de la noche y no tenía más dinero. Salió a las seis de la tarde de la casa de sus tíos rumbo a la Terminal y en esas circunstancias fue detenido, y no un día después como plantea la Policía. Ese mismo día, el 6 de octubre, fue golpeado hasta la muerte y luego arrojado al río.

En el marco de las medidas pedidas por la Justicia federal figura una segunda autopsia. Es que la primera estuvo a cargo de Raúl Félix Rodríguez, un médico que trabajó dos décadas en la Policía y que también examinó casi un año después el cuerpo de Gerardo Escobar. El cuestionamiento de los representantes de la familia Casco es que el médico al examinar el cuerpo tiene que probar la participación de sus compañeros de la fuerza en el crimen.

Los defensores esperan que las pericias concluyan a la brevedad para que los policías que mataron a Casco puedan ser acusados y detenidos. En ese sentido destacaron que la Justicia federal allanó la comisaría 7ª, donde incautó computadoras y teléfonos.