La aprobación de la Ley de Obesidad en el Senado de la Nación fue el corolario de largos años de espera por parte de pacientes que sufren esta enfermedad y de sus familiares que deben afrontar tratamientos costosos y financiarlos de su propio bolsillo. Pero, ahora que es una realidad, ponen en duda que su implementación sea posible para algunas obras sociales por falta de recursos.

Una vez que la ley esté reglamentada, la norma obligará a costear los tratamientos tanto de obesidad como de bulimia y anorexia, dos de los trastornos alimentarios que más difusión tuvieron en los últimos años por sus consecuencias a largo plazo, a veces fatales.

Sin embargo, voces especializadas como el doctor Víctor Schvartz, pediatra en adolescencia y coordinador del proyecto Cantina Saludable de la secretaría de Salud Pública municipal, descree de la posibilidad de cumplimiento efectivo del nuevo texto legal.

"La atención de un paciente obeso requiere de un equipo interdisciplinario -explicó Schvartz a Rosario3.com- y yo me pregunto cómo hará la salud pública o las obras sociales sindicales para financiar la multiplicación de consultas médicas que sobrevendrán a partir de la entrada en vigencia de la ley. O cómo se solventarán los análisis, controles y seguimiento imprescindibles a lo largo de un tratamiento tan extenso como el que requiere esta enfermedad".

Los profesionales que atienden pacientes obesos en el hospital Provincial de la ciudad, denunciaron en reiteradas oportunidades que no cuentan ni con camillas adaptadas a personas con tanto sobrepeso, ni con sillas de ruedas especiales, ni sanitarios, ni camas para internación, ni aberturas que permitan a estos pacientes poder desplazarse. Por esa razón, para los médicos suena aún bastante utópico que se llegue a brindar en el corto plazo la cobertura médica que estipula la ley.

Y en cuanto a las obras sociales más chicas, el panorama no difiere demasiado. Según la ley 23.660 de Obras Sociales, el aporte mensual que un trabajador efectúa a su obra social corresponde al 8,1 por ciento de la remuneración bruta o imponible. De modo que cada 1.000 pesos, aporta 81 a la obra social, importe que puede significar mucho para el empleado -dado el atraso salarial de muchos convenios- pero que no permite cubrir ni los costos más básicos de un tratamiento contra la obesidad.

Bulimia y anorexia: ¿negocio para quién?

Además de los cuestionamientos financieros reales que los especialistas y las obras sociales ven en lo inmediato para hacer cumplir la ley sancionada esta semana, Schvartz planteó serias dudas acerca de algunas cifras difundidas este jueves con relación a los casos de bulimia y anorexia, a nivel nacional.

"Ignoro de dónde sacan las estadísticas catastróficas que difunden algunos legisladores", dijo el profesional en alusión a las declaraciones de la senadora Haydé Giri, del PJ cordobés, para quién Argentina ocupa el segundo lugar en el mundo, después de Japón en padecer casos de jóvenes con bulimia y anorexia. Según Giri "1 de cada 10 adolescentes nuestras sufre de anorexia o bulimia". "En el país no hay estadísticas oficiales acerca de estos trastornos de la conducta alimentaria -aseguró Schvartz- por lo cual creo entrever que los legisladores, quizás de buena fe, para fundamentar el proyecto de ley, se hacen eco de los datos que difunden algunas instituciones privadas como la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (Aluba), que hacen un sobrediagnóstico de estas patologías para ganar potenciales pacientes".

La Asociación que ya no tiene filial en Rosario, ganó además muchas críticas en los últimos años, tras conocerse la ideología "represiva" que guía su trabajo y la metodología que, según ex pacientes y sus familias, se basa en castigos y sacrificios contraproducentes.

Los trastornos de la conducta alimentaria se dividen en específicos y no específicos -explica el profesional-. Los primeros son los más graves y comprenden a la bulimia y la anorexia, mientras que los segundos (no específicos) no revisten tanta gravedad como esas dos enfermedades. Pero lo más llamativo -por lo contrastante con la realidad que describe la senadora Giri- es que según el relevamiento efectuado por Schvartz, sólo el 10 por ciento de las consultas diarias por trastornos alimentarios, se corresponden con casos de bulimia y/o anorexia.