En la Justicia federal se reactivó una investigación contra los jueces de la Corte Suprema que conformaron la mayoría en el caso Meller, el mismo que les costó la destitución a Antonio Boggiano y a Eduardo Moliné O’Connor. Los eventua les imputados de la causa son ellos dos y sus ex colegas Adolfo Vázquez y Julio Nazareno.
Los cuatro —más el fallecido Guillermo López— convalidaron en 2002 un pago millonario del Estado Nacional en favor de una empresa de comunicaciones. Un abogado particular los denunció por el presunto delito de prevaricato —dictar fallos contrarios a la ley— y el expediente le tocó al juez Rodolfo Canicoba Corral. Ahora, delegado en el fiscal Gerardo Pollicita, se ordenaron las medidas que podrían desembocar en las indagatorias de los cuatro ex jueces de la Corte.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que el fiscal solicitó la semana pasada a la comisión de Juicio Político y a las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores que le envíen todos los antecedentes sobre los juicios políticos contra Boggiano, Moliné, Vázquez y Nazareno.
Igual que Boggiano, Moliné O’Connor fue destituido en diciembre de 2003. Nazareno y Vázquez renunciaron —en junio de ese año y en septiembre de 2004, respectivamente— cercados por cargos en el mismo caso.
Meller Comunicaciones S.A. era una empresa a la que la ex ENTel había contratado para la confección de guías telefónicas. En 1995, Meller reclamó diferencias de 29 millones de dólares en las liquidaciones por sus servicios y ENTel —conducida entonces por María Julia Alsogaray— reconoció esa deuda.
Sin embargo, tras las observaciones de la Sindicatura General de la Nación, el asunto fue enviado a la Procuración del Tesoro, que declaró “nula de nulidad absoluta e insalvable” la decisión de María Julia. Entonces emitió su resolución el Tribunal Arbitral del Ministerio de Obras Públicas, que volvió a habilitar el pago.
Y el 5 de noviembre de 2002, la Corte lo confirmó. Carlos Fayt, Augusto Belluscio y Enrique Petracchi votaron en disidencia. Boggiano y Nazareno rechazaron la revisión que intentaba el Estado Nacional basándose en que los fallos de los tribunales arbitrales no son apelables. Vázquez encontró que los argumentos de los abogados de Procuración eran insuficientes. Y Moliné y López, con cita de jurisprudencia y remisión a los argumentos del procurador Nicolás Becerra, fueron más al fondo del asunto.
El pago a Meller, de todos modos, nunca se efectivizó. A dos meses de asumir, preparando el terreno para los juicios políticos que vendrían en catarata, el presidente Néstor Kirchner lo volvió a anular. Meller S.A. reclama ahora 400 millones de deuda.
La causa que lleva el fiscal Pollicita es la número 2.909/03 del juzgado federal 6. La inició el abogado Juan Carlos Iglesias. No requerirá mucha más prueba que la que ya se mandó a pedir: lo que deberá determinar el fiscal, y luego el juez, es si los jueces de la Corte cometieron algún delito al rechazar el recurso de queja y negarle al Estado la posibilidad de discutir el pago millonario.
Este no es el único expediente penal por el pago a Meller. En otro —el 9.618/01— el juez Ariel Lijo ya procesó por tres delitos distintos a María Julia y por prevaricato a los integrantes del tribunal arbitral (Guillermo Fanelli, Yolanda Eggink y Ernesto Schorr) que reconocieron la deuda considerada ilícita.
Fuente:www.clarin.com
