El dossier revela también una gran activación de los juicios reabiertos tras la anulación de las leyes de impunidad sancionadas en 1987, lo que motivó que sólo en el año que concluye se hayan dictado 31 condenas, casi la mitad del total.

Según el informe anual de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, la cantidad de procesados no sólo da una medida del "volumen" del juzgamiento de aquellos delitos sino que "representa un parámetro de la dimensión de los juicios orales venideros".

En los próximos meses continuarán cinco juicios por delitos de lesa humanidad en curso, entre ellos los que se siguen contra el represor Alfredo Astiz y otros 18 miembros del grupo de tareas de la Esma, y contra el ultimo dictador Reynaldo Bignone por los crímenes en Campo de Mayo, pero también se iniciarán cinco nuevos procesos orales.

Tras la feria judicial de febrero, arrancarán los juicios por los centros clandestinos Vesubio (I Cuerpo del Ejército), La Perla (Córdoba), la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata, la Jefatura de Policía de Tucumán y el Servicio de Informaciones de la Policía de la provincia de Santa Fe (causa Feced). Unos días después, en marzo, se abrirá en Mendoza otro proceso oral por desapariciones.

Sólo durante 2009 fueron condenados, entre otros, el ex subjefe del I Cuerpo de Ejercito en 1976, general Carlos Olivera Róvere; los máximos responsables de Campo de Mayo, generales Santiago Omar Riveros, Fernando Verplaetsen y Osvaldo García; el ex juez santafesino Víctor Brussa, y Luciano Benjamín Menéndez, que comandó el III Cuerpo de Ejército y va por su tercera condena a perpetua.

El último trimestre tuvo una notable activación de juicios orales con la apertura de procesos en Capital Federal, Rosario, Salta y San Martín, donde además de Bignone se juzga a otros cinco generales y un comisario bonaerense por crímenes en cuatro campos de detención ilegal dentro de Campo de Mayo.

También están siendo juzgados en Capital 15 comisarios federales y agentes de inteligencia que manejaron el circuito represivo Club Atlético-Banco-Olimpo (ABO), mientras que en Rosario se está juzgando a Pascual Guerrieri, responsable del campo clandestino Quinta de Funes, entre otros.

La cifra total de condenados se eleva de 64 a 73 si se incluyen en el registro a los comandantes en jefe juzgados en 1985 y unos pocos represores -como el extinto jefe de la policía bonaerense Ramón Camps-, condenados antes de las leyes de impunidad.

Otros juicios a los que sólo resta fijarles fecha de inicio son emblemáticos, como los de la Unidad Penitenciaria I de Córdoba (Alsina), el de la Masacre de Margarita Belén en Chaco y el secuestro del ex gobernador de Salta Miguel Ragone.

También aguardan fecha de comienzo los procesos orales por los crímenes de la Comisaría 5ª de La Plata, por el Plan Cóndor de colaboración represiva entre las dictaduras de la región, y el del V Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca.