Los proyectos que ahora considerará el Senado son los que tienen que ver con el Ministerio Público de la Acusación (funcionamiento de los fiscales), con el Servicio Público de Defensa Penal (funcionamiento de los que representarán a los imputados) y Tribunales Penales. El Ministro de Justicia de Santa Fe, Hetor Superti, explicó que el Ministerio Público de la Acusación es el encargado de la persecúción penal, de investigar y de llevar a juicio o buscar una salida alternativa para los sospechados de cometer delitos. El Servicio Público de Defensa Penal garantiza que todo imputado tenga asistencia técnica profesional y sea respetado su derecho de defensa. Por último, los tribunales son los que, tras el planteo oral y público de los conflictos, dictarán resoluciones o sentencias diciendo cuál de las partes tenía la razón.
El avance del paquete de leyes concebidos para ajustar a la Constitución Nacional el régimen de juicio penal y para otorgar celeridad a los procesos se produjo dos días después de que los jueces de la provincia – en particular Rosario y en Santa Fe- hicieran una manifestación pública en los Tribunales en la que plantearon el estado de colapso en el que se encuentran sus ámbitos.
“Mientras se producen estas expresiones de los jueces, que son legítimas, los poderes Ejecutivo y  Legislativo avanzan en el dictado de normas que contribuirán a satisfacer sus demandas”, dijo Superti a este diario.
El martes pasado, la presidenta del Colegio de Magistrados, María del Carmen Álvarez, leyó un documento en la manifestación de jueces que planteaba el agobio de trámites en los tribunales. “Tenemos la idea de que la Justicia es de goma o nailon, con juzgados que reciben más de 4 mil asuntos nuevos por año”, planteó la funcionaria que es camarista civil.
“Muchas de las cosas que los jueces reclaman son las que están en marcha”, dijo Superti.