Presentar una demanda ante la Justicia por un problema de consumo se está volviendo tan habitual como tramitar una sucesión, un divorcio o un desalojo. A más de diez años de la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor, cada vez hay más fallos a favor de los usuarios de tarjetas de créditos, prepagas, teléfonos y otros servicios. Según estimaciones de entidades de defensa del consumidor consultadas por Clarín, 8 de cada 10 sentencias son favorables a la gente que reclama.

Algunas de estas demandas son “acciones colectivas” presentadas por asociaciones de consumidores u organismos oficiales, que benefician a muchos damnificados a la vez. Otras son individuales: pertenecen a usuarios que se sienten engañados por un banco, una empresa de servicios públicos o un comercio.

“Actualmente se tramitan en los Tribunales más de 1.000 juicios de particulares”, afirma a Clarín Gabriel Stiglitz, director del Instituto de Derecho del Consumidor. Y agrega que las revistas jurídicas especializadas publican todas las semanas fallos de Tribunales de todo el país a favor de los consumidores. “Hoy —opina el experto— ya forman parte de los juicios tradicionales”.

Solamente la dirección porteña de Defensa del Consumidor presentó 13 acciones judiciales colectivas en los últimos dos años. Y durante 2003, la Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad confirmó más de 50 sanciones administrativas impuestas a distintas empresas por ese organismo, informa su director, Miguel Fortuna. “Nuestras estadísticas indican que los jueces nos dan la razón en el 90% de los casos”, apunta Norberto Dorenztein, del departamento jurídico.

Para este año las entidades de defensa del consumidor esperan una “avalancha” de juicios individuales en los tribunales bonaerenses. Sucede que, a partir de ahora, los consumidores de la provincia ya no tienen que pagar la tasa de Justicia ni los honorarios de un abogado para ventilar su problema ante un juez.

Estos son algunos fallos que defienden el bolsillo del consumidor. Conocerlos es un punto de partida para saber reclamar:

Las tarjetas no pueden cobrar cargos de más. A Defensa del Consumidor de la ciudad llegaron en un año más de 300 usuarios que recibieron cargos por “gestión de cobranza”, “reserva de fondos” o “diferimientos de pagos” en los resúmenes de sus tarjetas de crédito. El organismo presentó una acción colectiva en representación de todos los usuarios porteños y la Justicia obligó a los bancos a dejar de cobrar cargos adicionales no aclarados en los contratos.

Las telefónicas deben atender los reclamos personalmente. Después de la privatización del servicio se redujo la atención al público en las oficinas comerciales. La Unión de usuarios y consumidores presentó una acción colectiva y ahora la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo acaba de confirmar que las telefónicas deben escuchar personalmente los reclamos de los usuarios y no sólo a través del 112.

Los autos usados también deben tener garantía. Un consumidor demandó a la concesionaria que le vendió una 4X4 usada porque a menos de tres meses de la compra el motor se “plantó”. El juez Miguel Bargalló obligó a la concesionaria a pagarle a Osvaldo Riopedre el arreglo de su camioneta y los taxis que tomó mientras la 4X4 estaba en el taller: hizo valer el artículo 11 de la Ley de Defensa del Consumidor, que dice que todas las “cosas muebles no consumibles” tienen una garantía de 3 meses.

Las concesionarias de las autopistas son responsables de la seguridad que brindan. La Cámara Civil de la Capital Federal condenó a un concesionario de una ruta (Camino del Atlántico) a indemnizar a un usuario que chocó contra un animal suelto y tuvo graves daños. Consideró que la empresa brindó un servicio sin condiciones de seguridad.

Las prepagas deben cumplir con los servicios que ofrecen en las cartillas médicas. La asociación Adecua denunció a la empresa World Trade Med “por pretender que el parto de una socia sea atendido en un hospital público. Presentamos un amparo y la Justicia ordenó que la prepaga se hiciera cargo de la prestación”, informaron en Adecua, donde sostuvieron que generalmente los amparos contra las prepagas se resuelven rápido y a favor del afiliado.

Responsabilidades compartidas en los cajeros automáticos. Francisco Primofrutto fue víctima de un “pescador”, un instrumento que se coloca en el cajero automático y “chupa” la tarjeta. Así, denunció que le robaron $ 1.000 de su cuenta. El juez Adolfo Granillo Ocampo hizo solidariamente responsables a Banelco y al Banco Río porque “tanto el sistema de cajeros y las fallas de seguridad del banco coadyuvaron a la comisión del delito”. Y ordenó pagarle una indemnización de $ 5.000.

Los bancos no pueden cobrar seguros compulsivos. El Banco Provincia debitó durante dos años de las cuentas de sus clientes el costo de un seguro por robo en los cajeros automáticos. El juez Germán Páez Castañeda ordenó —luego de una acción colectiva de la Unión de Usuarios y Consumidores— la suspensión del descuento. Y ahora la Cámara de Apelaciones acaba de confirmar el fallo. Según el artículo 35 de la Ley de Defensa del Consumidor, las empresas no pueden cobrar un servicio si el consumidor no lo solicita

“Las acciones colectivas son muy valiosas, porque las sentencias o medidas cautelares que se dictan en los juicios favorecen a todos los que están en la misma situación —explica Héctor Polino, de Consumidores Libres—. Así, entre otras cosas, logramos frenar el aumento de los servicios públicos en 2002 y 2003”.

Para la subsecretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, la gente que decide defender sus derechos suele obtener soluciones favorables. “Sin embargo —admite— aún falta mucho por hacer, como difundir adecuadamente los caminos para canalizar las quejas y los modos alternativos de resolución de conflictos, como las mediaciones y los tribunales arbitrales”.

“Sancionar a los proveedores que violan la ley y difundir los fallos ayuda a masificar la ‘cultura’ de la defensa del consumidor”, afirma Horacio Bersten, autor del libro “Derecho procesal del consumidor”. Sabe de qué habla: el año pasado logró que Aguas Argentinas lo indemnizara por reclamarle seis facturas que ya había abonado.

Fuente:www.clarin.com