Hubo dos aumentos: el mínimo anual de $7860 a $9000.- y la alícuota de aportes sobre honorarios regulados en juicios comunes de 4.2% a 5.4%.

El criterio de solidaridad de la Caja Forense se invierte, al darse la injusta situación, en la que un colega que no forma parte de La Caja Forense tiene que aportar a un fondo solidario que no le da ninguna prestación.

Por diferentes motivos; ya sea, porque el colega tiene otra obra social, porque tiene la obra social de sus padres, porque comparte la de su esposa o porque no tiene el dinero para llegar a los aportes anuales de $9000.- obligatoriamente tiene que hacer los aportes en la boleta de iniciación y en los honorarios regulados en juicios.

La Caja Forense ha dejado de ser una Institución de servicio y solidaridad como en sus inicios y se ha trasformado en un ente puramente recaudador.

El ejemplo más claro es el del casi 3000 abogados que no llegan a cubrir el mínimo anual e igualmente se les obliga a hacer sus aportes sin recibir ninguna prestación, yendo  el dinero recaudado a un fondo llamado “solidario” el cual no los beneficia y SI beneficia a quien quizás no lo necesita.

Por ejemplo el colega que no llega a cubrir el mínimo igualmente tiene que pagar para  iniciar un juicio una boleta de aportes de iniciación que actualmente son $100 destinados CF.

Si este mismo colega termina una sucesión tiene que pagar de su bolsillo el 20.9% de sus honorarios regulados para el fondo solidario.

Si otro colega culmino un juicio común, de sus honorarios, tiene que pagar el 5.4%.

También se ven estos ejemplos en homologaciones laborales y en todo aquel, donde queda trabado el proceso y obligatoriamente hay que hacer aportes.

Hoy, la profesión está colapsada y las cajas han dejado de lados sus objetivos estatutarios de verdadera solidaridad.