A poco de finalizar las pericias ordenadas por la justicia, la denuncia penal presentada por Pablo Scarabino contra la anterior Comisión Directiva de Central por “administración fraudulenta” está próxima a conocer la resolución del juez Alfredo Ivaldi Artacho, titular del Juzgado de Instrucción en lo Penal de la Décima Nominación. Teniendo en cuenta que las pericias ya comprobaron 7 de los 14 puntos denunciados, seguramente el magistrado llamará a indagatoria a ex directivos, a riesgo cierto de quedar procesados por administración fraudulenta, y en menor medida, por asociación ilícita.
Después de algún tiempo donde se temió que la investigación no avanzara, el magistrado ordenó una serie de medidas que lograron activar el trabajo correspondiente a la fiscalía, a cargo de Graciela Argüelles, como así también de la perito oficial de la Corte, CPN Elida Pujato. La investigación busca disipar las siguientes sospechas: irregularidades en los registros contables, incumplimientos legales y estatutarios, facturas apócrifas, préstamo a un empleado sin devolución demostrada, retiros de fondos en efectivo sin comprobantes, irregularidades en las ventas de Luciano Figueroa, César Delgado, Daniel Díaz, Gabriel Loeschbor y Mauro Cetto e importantes sumas pagadas por intereses sin identificar al beneficiario.
Las pericias ya comprobaron 7 de los 14 puntos que se deben investigar. La contadora Pujato elevó al magistrado los resultados positivos de los primeros siete puntos investigados y se comprometió a presentar los informes de los próximos cuatro con la finalización de la feria judicial. Con lo cual quedarán otras tres pericias para realizar y luego el juez estará en condiciones de resolver la situación de los ex directivos. De no haber contratiempos judiciales, a fines de agosto, Artacho se expedirá.
Hasta el momento las pericias comprobaron, entre otros cosas, la presentación de facturas apócrifas. Como es el caso de la factura (serie A, Nº 000802) a nombre de la empresa uruguaya Citilink Industrial Holding (Lavalleja 1432, Montevideo) con fecha del 14 de agosto de 2002 donde la firma cobra 70 mil dólares por el singular concepto de “promoción, acercamiento de partes, realización y concreción de los 50% (50) de los derechos económicos del jugador Luciano Figueroa”.
Sabido es que los ex directivos tenían la original costumbre de realizar las mayorías de sus operaciones con empresas uruguayas. Esto despertó sospechas serias sobre evasión impositiva e irregularidades en el ingreso de divisas al país. Y aunque muchas veces Central cobró dinero en tierras charrúas, los registros aduaneros no dan cuenta de la salida del país de ex directivos, tal cual debió producirse para concretar las diferencias negociaciones.
Justamente esta mañana, en Tribunales, la perito tendrá una reunión con quienes trabajan junto a Scarabino para intentar dilucidar cómo se produjo la venta de Figueroa. Es que si bien el goleador, oportunamente, fue vendido a cuatro empresarios distintos (la firma Breles compró el 50%, Cris Land Company el 32,5%, Sport World 10% y Alberto Cámara (no se sabe aún quién es) el 7,5%, se sospecha vinculación de algunas de estas expresas con ex directivos. Además cuando el ex delantero fue vendido al Birmingham los ingleses debieron realizar el depósito del dinero (3.700.000 dólares) en una cuenta del banco City de Nueva York que no estaba a nombre del club. Y todavía no se encontraron registros de ningún tipo que permitan creer que aquellos dólares ingresaron a la institución, ni siquiera al país, como sucedió con otras transferencias.
Fuente:www.rosario-12.com.ar
