El ex ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez y el ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez, zafaron en una causa por la represión policial del 19 y 20 de diciembre trágico. El juez Roberto Reyes (Correccional 8ª) dictó la “falta de mérito” al considerar que no existen pruebas para procesarlos o sobreseerlos (por ahora) en la investigación en la que están imputados por supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El fiscal Nº 2, Ricardo Favaretto, ya se notificó de la resolución del magistrado y se declaró conforme, así que no apelará ante la Cámara Penal. En la mayoría de los casos la falta de mérito es el paso previo al sobreseimiento definitivo y el cierre del proceso. Reyes limitó su pesquisa a indagar si la Policía de Rosario tenía balas de gomas suficientes para reprimir en los días de furia que dejaron siete muertos (con proyectiles de plomos) y decenas de heridos. Llegó a la conclusión de que en el segundo semestre de 2001, la Unidad Regional II recibió 9.000 cartuchos antitumultos y el 10 de diciembre otra partida con más pertrechos: 150 escopetas 12/70 y municiones de goma en lo que consideró una “provisión no habitual”. La revuelta se produjo nueve días después. Sin embargo, el juez tampoco se privó de opinar sobre otro punto sensible: “No se desprende que las autoridades políticas hayan emitidos órdenes distintas y especiales al respecto de las generales de reprimir según las circunstancias”, afirmó. Dominguez y Alvarez desfilaron por el despacho de Reyes en la tercera semana de octubre. El empleado de la Side se presentó un viernes a la tarde con el trato que tienen en Tribunales ciertos notorios: entró y salió por la puerta de atrás que suelen utilizar los servicios. Los dos quedaron imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcinario público.
Ya el juez Reyes había centrado la investigación en saber si la Unidad Regional II tenía pertrechos y municiones antitumultos suficientes. Las indagatorias a Dominguez y Alvarez apuntaron a ese costado. “Considero que los descargo realizados por los imputados en el estado actual de la investigación encuentra elementos probatorios corroborantes”, dijo el magistrado en la resolución a la que tuvo acceso Rosario/12.
La causa -en realidad‑ se inició en Rosario, en el Juzgado Correccional Nº 2 a cargo del doctor Juan José Alarcón, quien el 3 de diciembre de 2002 exculpó cuatro jefes de la Unidad Regional II que estaban imputados por el mismo cargo: incumplimiento de los deberes de funcionario público y remitió copias de la causa a Reyes para que apunte a los funcionarios políticos.
Alarcón había sobreseído a los comisarios porque no podían cumplir una orden que no recibieron “ordenes precisas y particulares” de reprimir con balas de goma. Pero el juez Reyes discrepó con su colega. “Entiendo que jefes policiales de alta jerarquía como quienes fueron imputados: dos comisarios mayores, un comisario principal y un comisario, deben tener la suficiente preparación y entrenamiento como para no necesitar instrucciones especiales (…) de un médico como el entonces ministro de Gobierno, Dominguez o de un licenciado en Ciencias Políticas como el subsecretario de Seguridad Pública, Alvarez”, se despachó Reyes. “Bastaba, como informaba Dominguez al juez de Instrucción Barbero, con encomendar respetar a ultranza la vida humana y garantizar el derecho a la protesta. Sin perjuicio obviamente de que ante excesos como realmente se produjeron, mediante disturbios violentos y saqueos, se reprimiera según las órdenes generales para tales circunstancias”, agregó.
El juez Reyes fundamentó “la falta de mérito” de Dominguez y Alvarez en siete puntos, que a su criterio demuestran que la policía de Rosario tenía pertrechos para reprimir.
* “Un informe del comisario inspector Antonio Lo Giúdice, jefe de División Logística de la Unidad Regional II dando cuenta de que el 10 de diciembre de 2001 se proveyó a la Armería Central de 150 escopetas calibre 12/70 y cartuchos antitumultos de origen brasileño con 20 esferas de goma en su interior cada uno y similares de procedencia de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán con 24 postas y otras marcas Fiocchi de similares características, además de cartuchos conteniendo compuestos químicos que producen irritación en los lagrimales y granadas con agresivos químicos de iguales consecuencias, tratándose para lo sucesivos de una provisión no habitual para las fuerzas policiales dada la magnitud y violencia de los hechos.”
* “Informe del jefe de la Unidad Regional II al juez Barbero, dando cuenta que el personal policial que actuó en los disturbios los días 19 y 20 de diciembre utilizó cartuchos antitumultos de acuerdo a la provisión que realizara la Armería Central.”
* “Informe del jefe del Departamento Logística de la Policía de la provincia, comisario mayor José Alberto Vatalaro ratificando el informe de Lo Giúdice en cuanto a la provisión de 150 escopetas nuevas calibres 12/70 que se sumaban al parque existente. Y agregó que æen el segundo semestre del 2001 se sumó al arsenal de cartuchos antitumultos una partida de 9.000 más, sólo para la Unidad Regional II. Lo que ratifica que en su testimonio donde agrega que debe recordar que lo adquirido para toda la provincia fue de no menos de 15.000 cartuchos y que durante su gestión los pedidos de munición de las autoridades eran satisfechos.”
* “Testimonio del comisario Lo Giúdice que ratifica su informe y agrega que según estimación que realiza en ocasión de los disturbios, solo en la Armería Central había 3.000 cartuchos sin perjuicio del stock existente en cada una de las distintas dependencias de la Unidad Regional.”
* “Declaración del policía José Julio Abraham ante el juez Barbero de Rosario manifestando que al hacerse presente en el supermercado La Gallega con efectivos a su cargo había una importante cantidad de personas, algunos de los cuales ya habían sido detenidos con mercaderías que habían sustraído y el resto los dispersaron utilizando gases y cartuchos antitumulto, que tenía orden de no utilizar el arma reglamentaria a menos que corriera riesgo su vida, no habiendo observado que ningún personal a su cargo haya utilizado munición convencional ni armas reglamentarias, que los elementos antitumultos les fueron provistos por Logística, que el comisario mayor Lo Giúdice se hizo presente repartiendo cartuchos y granadas de gas y que además había un bolsón de cajas donde se reaprovisionaba, estimando que había sido llevado dicho cajón o bolsa por el Comando de Radioeléctrico que es el que utiliza más material AT.”
* Y declaraciones de dos vecinos: Alejandro Angel Mariani dijo que los policías “tenían armas grandes de esas que creo que tiran balas de goma” y Raúl Enrique Cardozo que “la gente corría y noté que algunos tenían heridas de balas de goma”.
Fuente:www.rosario12.com.ar
