Aun durante un día feriado y disputando una carrera contra los plazos procesales, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados comenzó ayer, con la lectura de los cargos, el juicio político contra el juez federal Juan José Galeano.

Se trata de un proceso que debe concluir a más tardar el 9 del mes próximo o de lo contrario todo quedará en la nada y el suspendido magistrado volverá a ocupar su juzgado.

Galeano está siendo sometido a proceso por la manera como investigó durante 10 años el atentado terrorista contra la mutual judía AMIA y enfrenta por ello 13 acusaciones.

“Creo haber dejado diez años de mi vida para hacer algo positivo, no negativo. Pero acá se va a hablar de algo distinto y voy a tratar de probar que no es así”, declaró Galeano al ingresar en los tribunales, que ayer presentaban un paisaje desierto, típico del feriado.

Con una escarapela prendida en su sobrio traje azul, el magistrado reconoció que será “complicado” que pueda volver a estar al frente de su juzgado.

Ayer, a las 14.25, ante el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Augusto Belluscio, comenzó el juicio político cuando la relatora del tribunal de enjuiciamiento comenzó la lectura de las acusaciones, que está previsto que continúe hoy, cuando se leerá la defensa del juez.

El miércoles el propio Galeano hará uso de la palabra para presentar sus argumentos contra los cargos que enfrenta.

Desfile de testigos

A partir de allí comenzarán a desfilar los testigos, entre los que se incluyen el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado durante la gestión menemista Hugo Anzorreguy, el ex prosecretario de Galeano Claudio Lifschitz, testigos de la causa AMIA y el titular de la oficina de investigación de la causa en el Ministerio de Justicia Alejandro Rúa.

Además, a pedido de Galeano, se les pedirá la declaración al juez de la Corte Eugenio Zaffaroni y al ministro de Seguridad bonaerense Carlos Arslanian. Ambos, a título de juristas independientes, suscribieron un informe durante la investigación de la causa, en el que denunciaron irregularidades de la policía bonaerense y dejaron a salvo la actuación del magistrado.

Si bien el juez federal Claudio Bonadío investiga desde hace casi cinco años si el juez Galeano y ex funcionarios del Poder Ejecutivo encubrieron a los verdaderos responsables del atentado y buscaron armar una historia con falsos culpables para cerrar la causa a cualquier precio, fue después de la sentencia en el juicio oral por el ataque cuando Galeano quedó comprometido.

Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 3 Gerardo Larrambebere, Guillermo Gordo y Miguel Pons absolvieron a todos los acusados que eran enjuiciados por el atentado, incluidos el mecánico Carlos Telleldín y los cuatro ex policías bonaerenses sindicados como partícipes en el ataque. Además detallaron una serie de irregularidades en la causa.

La más notoria de las irregularidades que se le imputan a Galeano es el pago de 400.000 dólares que recibió Telleldín para declarar contra los ex policías bonaerenses.

Además, Galeano debe responder ahora por otras acusaciones, como, por ejemplo, la creación de una investigación paralela y secreta, el abandono de algunas pistas, la intervención ilegal de comunicaciones telefónicas y la realización de entrevistas irregulares con abogados, querellantes y acusados.

También se le imputa al juez haber coaccionado a testigos para que con sus declaraciones incriminaran a los acusados; haber detenido supuestamente en forma ilegal a un imputado; haber realizado supuestos apremios ilegales, y también por destrucción y desaparición de pruebas.

Tras el veredicto del juicio oral, Galeano fue suspendido por el Consejo de la Magistratura el 9 de febrero último.

Desde ese día corre un plazo de 180 días para culminar el proceso en su contra que vence el 9 de agosto próximo. Si para esa fecha aún no hay veredicto en el juicio político, todo lo actuado vuelve a foja cero y Galeano podrá volver a su juzgado. Más allá de esta investigación, está pendiente la causa penal que tiene Bonadío, donde Galeano está citado a prestar declaración indagatoria en agosto.

Fuente:www.lanacion.com