La Cámara Federal confirmó la extensión de las prisiones preventivas de los represores Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Jorge Acosta y Miguel Ángel Cavallo, procesados por delitos de lesa humanidad en la Esma durante la última dictadura militar.

Así lo resolvió la Sala II del Tribunal al rechazar un pedido de excarcelación de las defensas de los represores, quienes habían pedido el cese de las prisiones preventivas.

En esta causa se investigan las desapariciones de las monjas francesas Alicia Domon y René Duquet, Eduardo Horane, Raquel Bulit, Horacio Elbert, Remo Berardo, Angela Auad, María Eugenia Ponce, José Fondevila, María Ballestrino de Careaga, Patricia Oviedo y la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor.

Todas ellos fueron privadas de su libertad en diciembre de 1977, luego de ser secuestradas en la puerta de la iglesia de la Santa Cruz, y trasladadas a la Esma, donde fueron sometidos a tormentos, antes de ser "trasladados" -eufemismo con el que los militares aludían a su asesinato-, según consta en la causa.

Los hechos son investigados en parte de la "megacausa" de la Esma, reabierta tras la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Las defensas de los imputados hicieron el planteo y citaron la Ley 24.390 la cual fija un plazo máximo de la prisión preventiva de dos años, prorrogable en hipótesis excepcionales por uno más.

Sin embargo, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que las prescripciones de la norma no se aplican de manera automática.

Al rechazar el planteo formulado por las defensas, en distintas resoluciones los camaristas hicieron hincapié en la gravedad de los delitos por los cuales son investigados, por peligro de fuga y por posible entorpecimiento de la investigación.