(La Plata – 17/04/2010) El Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba ha presentado una denuncia contra la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba), por el cobro de retenciones del impuesto a los Ingresos Brutos que ese ente recaudador aplica sobre los depósitos en cuentas de los bancos que funcionan en territorio bonaerense. En su caso, el Defensor reclamó en su presentación que cesen esas retenciones sobre las cuentas de ciudadanos cordobeses.

Según pudo saber este diario, la presentación del Defensor del Pueblo cordobés, con el patrocinio de Marcelo Szelagowski, fue efectuada ante la justicia de ejecución penal bonaerense -en el Departamento La Plata-, y plantea "la inaplicabilidad de la normativa dictada por Arba que habilita la apropiación coactiva de saldos depositados en entidades financieras por ciudadanos cordobeses, sin fundamento válido que lo sustente y sin seguir los procedimientos legalmente previstos para la determinación de eventuales deudas tributarias".

Como se recordará, el gobierno bonaerense, a través de su ente recaudador, comenzó a aplicar a comienzos del año pasado retenciones del 3,5% sobre los depósitos que se efectuaran en bancos radicados en la Provincia, y generó durante tres meses una avalancha de reclamos.

Es que Arba dispuso esa retención, desde la presunción genérica de que los montos de dinero depositados en los bancos son producto de operaciones u actividades por las que corresponde pagar el impuesto a los Ingresos Brutos, y para ello se había fijado un monto mínimo de 1.000 pesos de depósito. Pero la medida comenzó siendo aplicada a absolutamente todos los movimientos, aún por cifras ínfimas, y alcanzando a depósitos tales como sueldos, jubilaciones y fondos para pagar créditos, entre muchas otras operaciones que no deben pagar los Ingresos Brutos.

MECANISMO POLEMICO

Esa situación pareció quedar normalizada desde mediados del año pasado, cuando la aplicación de estas retenciones quedó limitada a un "padrón" de titulares de cuentas bancarias que, según Arba, con seguridad desarrollaban actividades a las que les corresponde abonar este impuesto.

Con estos antecedentes, ahora, como se dijo, el Defensor del Pueblo cordobés reclamó judicialmente que no se apliquen las retenciones a los ciudadanos de su provincia, y pidió una medida cautelar.

La medida cautelar no fue concedida por la jueza Claudia Marengo, del juzgado de ejecución penal nº 1 de nuestra ciudad, porque consideró que no se daba el factor de "peligro en la demora", pero abrió una investigación sobre este mecanismo impositivo, requiriendo a la Fiscalía de Estado bonaerense que en un plazo de cinco días eleve antecedentes y fundamentos de la medida que aplica Arba.

FUNDAMENTOS DEL RECLAMO

El Defensor cordobés sostuvo en la presentación que el régimen de retenciones sobre créditos bancarios aplicado por el ente recaudador bonaerense "limita con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta el derecho de propiedad y la garantía del debido proceso, apropiándose ilegítimamente, por vías de hecho, de sumas de dinero sobre las que Arba no posee derecho alguno".

Y sobre ese fundamento, el funcionario reclamó a la Justicia que "ordene a Arba abstenerse de aplicar" este régimen a quienes estén domiciliados en la provincia de Córdoba, arbitrando las medidas necesarias para el cese definitivo de retenciones coactivas sobre los créditos bancarios".