El procesamiento del ex presidente, dispuesto por el juez Claudio Bonadío el martes previo a los comicios presidenciales celebrados el domingo, "ha valido rodear la causa de escándalo y publicidad desmedida en el país y en el mundo y, para peor, en vísperas electorales", reprochó De la Rúa a través de sus abogados defensores Miguel Almeyra y Zenón Ceballos.

De la Rúa fue procesado por homicidio culposo y ahora la Cámara Federal porteña decidirá si confirma o revoca la resolución de Bonadío, ante quien fue planteada la nulidad del expediente por los asesinatos de Gustavo Benedetto, Carlos Almirón, Diego Lamagna, Gastón Riva y Alberto Márquez.

En tanto, Rubén Santos, a quien De la Rúa designó jefe de la Policía Federal, fue procesado y cumplió prisión preventiva por los cinco crímenes del 20 de diciembre de 2001. Pero, cuando el expediente estaba a punto de ser remitido a un tribunal oral, planteó la nulidad de la causa. Familiares de las víctimas reclamaron a Bonadío la inmediata elevación del caso a juicio, en el que Santos compartirá el banquillo con el ex jefe de Seguridad del gobierno del radical, Enrique Mathov.

Bonadío procesó a De la Rúa por cinco homicidios culposos y lesiones culposas a 172 manifestantes, al tiempo que trabó un embargo de 2 millones de pesos sobre los bienes del ex presidente, que ha atribuido su renuncia a una "conspiración política" del PJ y un sector de su propio partido, la UCR.

A casi seis años de los asesinatos, Bonadío dictó el procesamiento de De la Rúa pero no le impuso prisión preventiva por las muertes que se produjeron cuando la policía salió a reprimir a manifestantes que protestaban contra su gobierno.

El día anterior a la dimisión, De la Rúa había implantado el Estado de Sitio y, tras esa medida, miles de personas se movilizaron en todo el país y 33 murieron en medio de saqueos, protestas y operativos policiales. De ellas, nueve muertes ocurrieron en la provincia de Santa Fe, siete de los cuales cayeron bajo balas de las fuerzas de seguridad.