Desde hace casi cuatro años, la provincia cuenta con una ley que crea un registro de deudores alimentarios morosos. La norma fue aprobada por la Legislatura, promulgada por el Ejecutivo y los jueces de familia la consideran una buena herramienta para asegurarse que los padres cumplan con la asistencia de sus hijos luego de un divorcio. Sin embargo, nunca entró en vigencia ya que aún no fue reglamentada. Y este es sólo un caso de muchas leyes importantes que, huérfanas de este trámite, no pueden volverse operativas. Un relevamiento realizado por la subsecretaría provincial de Asuntos Legislativos ya detectó unas 35 leyes en esta situación, algunas con largos años de sancionadas.

Las consecuencias de este problema se hicieron patentes hace 15 días cuando una mujer concurrió al Hospital Centenario a solicitar que le realizaran una ligadura de trompas después del parto de su bebé número 11. El pedido, al principio, fue rechazado por las autoridades del centro asistencial, ya que si bien desde hace 10 meses se aprobó la ley provincial que autoriza la anticoncepción quirúrgica, la norma no fue reglamentada hasta el 24 de mayo pasado.

En esa oportunidad, el mismo gobernador Jorge Obeid reconoció que “hay una cantidad inmensa de leyes promulgadas que no están reglamentadas” y se comprometió a acelerar los trámites para que estas normas puedan ponerse en práctica.

La tarea recayó en el escritorio del subsecretario de Asuntos Legislativos de la provincia, Luis Méndez, quien emprendió un relevamiento ministerio por ministerio para detectar las disposiciones que están pendientes de reglamentación.

Hasta ahora, se detectaron unas 35 normas en esta situación pero “el número no es definitivo porque hay algunas que aunque no están reglamentadas son plenamente operativas”, aclaró el funcionario.

La pesquisa arrojó otras sorpresas. Aparecieron leyes aprobadas en el 97 que todavía faltaban reglamentar y otras de hace seis, cinco y cuatro años. Y también permitió detectar en qué áreas se generan las demoras. “Los ministerios son los encargados de redactar la reglamentación de cada norma y frecuentemente los problemas se desatan allí”, advirtió Méndez.

De todas formas, el subsecretario destacó que se está trabajando para resolver cada uno de estos casos. “En los próximos meses quedaremos en cero”, prometió.

“Un acto antidemocrático”

Entre los legisladores, principalmente los de la oposición, esta pereza en reglamentar algunas leyes no pasa inadvertida. “No reglamentar una ley que fue aprobada por las dos Cámaras no es un simple acto administrativo sino un acto grave, ya que las leyes se elaboran en función de los intereses de los ciudadanos -señaló la diputada radical Mónica Peralta-. Si el Ejecutivo no comparte el espíritu de una norma tiene facultades para rechazarla. Pero no puede dejarla en el aire sin vetarla o reglamentarla, porque ese es un gesto antidemocrático”.

El año pasado, en la Cámara de Diputados de la provincia se aprobaron unos 15 proyectos de comunicación solicitando la reglamentación de distintas leyes que, sancionadas y promulgadas, todavía no son operativas por la falta de este trámite.

En el listado se apuntaban normas relacionadas con programas de forestación, de ordenamiento de bosques nativos, o de pesca deportiva, y otras que abordaban cuestiones de salud, educación y seguridad (ver aparte).

Algunos legisladores sostienen que no todas las leyes requieren reglamentación para llevarse a la práctica y en estos casos su sola promulgación y publicación en el Boletín Oficial son los únicos requisitos para que la norma entre en vigencia.

Discusión con historia

Esta discusión es de larga data. La diputada del Partido Socialista Lucrecia Aranda consideró que “es cierto que no todas las leyes requieren reglamentación”, pero apuntó que “a veces no reglamentar una norma significa de hecho que no pueda cumplirse, o en otros casos la dejan sujeta a los criterios de quienes la aplican”.

Esto último sucedió cuando se sancionó la ley de protección contra la violencia familiar. La norma se publicó en el Boletín Oficial a principios de enero del 98, pero tuvo que esperar hasta julio de 2001 para ser reglamentada.

En ese ínterin, los jueces comenzaron a recibir las primeras denuncias por este tema. “A pesar de la falta de reglamento los juzgados recibían las presentaciones, pero recién cuando se concluyó este trámite se aclaró una cantidad importante cosas. Por ejemplo, los casos que eran admisibles y los tipos de informes que podían presentarse como pruebas que, antes, quedaban supeditados a la interpretación del juez”, recordó Aranda.

El diputado del Partido del Progreso Social Oscar Urruty indicó que la falta de reglamentación de una ley deja “huecos” o “abre vericuetos” que pueden alentar su incumplimiento. Como ejemplo, citó la norma que fija la instalación de antenas de telefonía celular que si bien fue promulgada en diciembre del año pasado aún no fue reglamentada. Situación que favorece a “las empresas que no quieren atenerse a las distintas ordenanzas o disposiciones que sobre este tema fijaron los diferentes municipios”, comentó el legislador.

Otras veces “quien aduce la falta de reglamentación como excusa para el incumplimiento es el propio Estado -apuntó Urruty-, como en el caso de los subsidios que por una ley aprobada hace 20 años debería destinar a los bomberos para el pago de seguros”.

“Por eso, apelamos a que las cosas se reglamenten. De esta forma ni el Estado, ni las empresas, o los particulares tienen posibilidad de escaparse de la ley. Después de todo, si algo no falta en esta provincia son funcionarios para poder redactar la reglamentación de las normas”, concluyó.

Fuente:www.lacapital.com.ar