La estación de servicio de avenida San Martín y Punta Arenas fue tomada el 8 de marzo de 2004. Diez de sus quince empleados decidieron ocupar el predio ante los problemas financieros que el negocio evidenciaba.
Dos días antes de la toma, casualmente, habían constituido la Cooperativa Punta Arenas y se integraron al Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas.
Con el objetivo de constituirse en los nuevos dueños del lugar, presentaron un proyecto en la Legislatura porteña para declarar al bien de “utilidad pública” hasta la concreción de la expropiación.
Sólo un detalle faltaba: la empresa no tenía iniciado proceso de quiebra alguno, por lo que los legisladores de izquierda fracasaron en su intento de tratar el tema sobre tablas.
“La situación financiera era delicada. Se debía plata a la AFIP, al sindicato y se había establecido un plan de pagos con el principal acreedor (YPF) que se venía cumpliendo al día”, relata Antonio Pascale, uno de los socios que manejaba la empresa.
Los empleados reclamaron atrasos de sueldos de hasta seis meses a la hora de justificar la toma. Pascale, que no desmiente desinteligencias entre los dueños, lo niega: “Se les pagaba de a puchos, pero en ningún caso las deudas eran tales. El problema es que tomaron las oficinas de administración y, misteriosamente, se perdió la documentación”, ironiza.
El juez correccional Omar Facciuto, en tanto, falló que por no haberse registrado violencia en la ocupación no había motivo para que actuara la justicia penal. Quince días atrás, el juez Juan Cicciaro, de la cámara del crimen, revocó el fallo de primera instancia y ordenó continuar con la investigación.
A los damnificados ya casi no les interesa. “Esto es una guerra en la que cada uno presenta sus baterías y nos anulamos mutuamente”, analizó Pascale.
La parálisis de catorce meses obligó a los dueños a dejar de pagar a los acreedores. YPF inició una ejecución de las garantías cuando se dejó de cumplir con el plan de pagos.
“Una eventual orden de desalojo sólo conduciría a un escándalo similar al de Brukman y no llegaría a concretarse. Después de los incidentes, la quiebra de Brukman salió en una semana y la expropiaron. Digamos que es sospechoso. Sólo queda margen para negociar una alternativa por consenso.”
Resignados a, por lo menos, salir hechos, los dueños iniciaron contactos con sus ex empleados. En todos los casos, el final de la historia deja la estación en manos de la cooperativa. Para ello se gestiona un subsidio a favor de quienes se embarcaron en la aventura de la toma. La ayuda no saldrá de otro lugar que del presupuesto de la Ciudad. Traducido: del bolsillo de los contribuyentes.
Fuente:www.infobae.com.ar
