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Denuncia penal por la suspensión de un remate

Tras la suspensión del remate de la vivienda única ubicada en Baigorria 851, que debió haberse realizado en la Asociación de Martilleros de Rosario el pasado viernes, sus propietarios formularon una denuncia ante el Juzgado en lo Penal de la 4ª Nominación por supuestas irregularidades ocurridas ese día. Oscar Ferreyra y Patricia Masi, los dueños del inmueble a rematar, concurrieron a la sede de Entre Ríos 238 con la intención y el dinero para recomprar su casa. Pero no pudieron hacerlo, ya que la subasta se suspendió.
Ayer, con el patrocinio de Diego Sosa, la pareja integrada por Oscar Ferreyra y Patricia Masi consignó que la "subasta fue ordenada por el Juzgado en lo Civil y Comercial de la 5ª Nominación de Rosario y presidido por la secretaria" del mismo. La presentación explica que "el acto se desarrolló sin ningún tipo de incidentes, en la sede de Martilleros, y todo parecía realizarse de manera normal, con una cantidad apreciable de oferentes que ingresaron al recinto". Agregaron que junto a la secretaria del juzgado se encontraban la martillera M. E. K. y su par H. L. M.

Indicaron que "estando todos los oferentes en la sala y habiendo transcurrido 5 minutos más de la hora señalada para iniciar la subasta, la secretaria M. V. C. manifestó que había muy poca gente y se dirigió a la sala contigua de la Asociación, donde se encuentra la fotocopiadora y en la que hay una ventana al exterior, a la cual se acercó la secretaria y con gestos inconfundibles llamaba a gente que estaba en la vereda de enfrente".

En otro tramo de la denuncia precisan que "las puertas por razones de seguridad estaban cerradas y el acto no había comenzado". Explican luego que "la secretaria entra a la sala y dice que hay poca gente, los oferentes le solicitan que entren todas las personas que ella disponga" pero la misma, quien preside la subasta "de acuerdo a las facultades que tiene conferidas por el Código de Procedimientos Civil y Comercial, se niega, y dice que ya no era hora para que ingresen nuevos postulantes". El texto aclara que "habían transcurrido más de 20 minutos y el remate no había comenzado".
Más adelante en la denuncia, manifiestan que los martilleros "se asoman a la ventana que da al exterior y llaman específicamente a una persona que se encuentra en la vereda de enfrente", y remarcan que "llamaban a una persona en especial, con gestos evidentes, como que ya tenían acordado adjudicar el remate a esa persona".
En otro ítem de la presentación efectuada al juzgado apuntan que "las personas que estaban adentro del recinto manifiestan que la secretaria del juzgado dice «se fue mucha gente sin poder entrar». No sabemos cómo puede hacer esta apreciación cuando llegó 5 minutos tarde, además, a quién esperaba la secretaria. ¿Quiénes eran las personas que se fueron sin poder entrar y que ella conoce? Entonces ella sola, y delante de todos los oferentes presentes en el recinto, resuelve suspender el remate porque no están dadas las condiciones de seguridad".

Se preguntan Ferreyra y Masi si "entre los martilleros y la secretaria tenían la vivienda vendida". En los tramos finales del escrito sostienen y que son "penalmente reprochables las conductas denunciadas" y por ello solicitan "que se eleve esta causa a juicio". De igual modo se preguntan "¿por qué hay que sufrir tanta violencia y corrupción?".
Ferreyra adelantó, en diálogo con este medio, que entre hoy y mañana harán una presentación de similares características ante el juzgado que había dispuesto el remate y sostuvo que también reclamarán ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

Por otra parte, Ferreyra indicó que mañana viajarán a Santa Fe para pedir a la Legislatura el tratamiento de un proyecto de ley que dispone la suspensión de los remates. La pareja y otras personas que se encuentran en una situación similar se reúnen los martes a las 19.30 en el Centro Cultural La Toma, en un grupo denominado Autoconvocados de La Toma que sostiene "no a los remates" pero "sí a pagar las deudas". Como a muchos otros, la crisis económica afectó a Ferreyra, pero en la actualidad aseguró que cuenta "con un trabajo estable para poder pagar", aunque "no la deuda exorbitante que se le reclama".

 

 

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