La iniciativa, que fue aprobada con 170 votos afirmativos, 29 negativos y nueve abstenciones, tiene como antecedente el caso de la joven jujeña Romina Tejerina, quien fue condenada en junio de 2005 a 14 años de prisión por el asesinato de su hijo recién nacido, según ella, producto de una violación.
En el debate se notó un recorte transversal en varios de los bloques, donde el oficialismo respaldó un dictamen que fue de mayoría, el cual restablece la figura y dispone una condena de seis meses a tres años para "el infanticidio", es decir, "homicidio cometido por madre mientras dura su estado puerperal".
Desde su derogación, casos como el de Tejerina se consideran como homicidio agravado por el vínculo, lo que implica una pena de prisión perpetua, y de la única forma en que la Justicia puede dar una escala de penas de entre 8 y 25 años de cárcel es si se comprueba que hubo atenuantes.
En aquel dictamen, "el puerperio no puede extenderse más de 40 días y debe generar un estado de psicosis, parecida a la emoción violenta para ser considerado como un atenuante", explicó la legisladora del oficialismo Diana Conti, al defender la iniciativa.
Zona cultural. La propuesta toma en cuenta la zona cultural y social de la mujer que atraviesa esa situación, figura que fue eliminada del Código tras la reforma Blumberg, dado que -según los defensores de la norma- la mayoría de los episodios se registraron en el interior del país.
Por otra parte, como muestra del corte transversal que provocó el debate, esa iniciativa contó con el respaldo de la legisladora Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica). En tanto, su compañera de bloque Patricia Bullrich, firmó un proyecto alternativo con las peronistas federales Natalia Gambaro y Gladys González, que tuvo el apoyo de la cobista Cynthia Hotton.
Bullrich cuestionó la propuesta de la mayoría y resaltó que se "plantea un auténtico permiso para matar".
Además, reconoció también que "es verdad que el infanticidio existía pero en otras condiciones históricas", pero sostuvo que "sin embargo, los tiempos han cambiado y esa propuesta significa volver es un retroceso en la autonomía de la mujer", sería "volver al concepto de una mujer subpersona o subnormal", al establecer una salvedad para los casos de mujeres de extracciones sociales bajas.
"En nuestro dictamen se debe entender el estado puerperal como un trastorno de conciencia", señaló Bullrich y tomó como ejemplo la normativa española que establece una pena "de tres a ocho años de prisión para este tipo de casos".
Por su parte, su compañero de bloque Juan Carlos Vega planteó una alternativa intermedia que contempla las mismas penas que el de mayoría, y fija el período de puerperio en ocho días como máximo, según el derecho penal comparado.
