El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dio marcha atrás con una resolución que establecía la distribución igualitaria de subsidios para todas las asociaciones de defensa de consumidores que tuvieran más de un año de actividad.

Ayer, mediante otra resolución indicó que las asignaciones se darán "eventualmente, individualmente y por mérito y conveniencia".

En tanto, la titular del Centro de Educación al Consumidor (CEC), Susana Andrada, denunció hoy que fue víctima "en el último año y medio" de constantes "amenazas, persecuciones y extorsiones" del secretario de Comercio Interior.

Supuestamente, las presiones se habrían producido con el objetivo de que la dirigente social evitara hablar sobre la intervención del INDEC o la inflación.

La dirigente, quien encabezó el boicot al precio del tomate, reveló: "Moreno me lo dijo personalmente, me lo decía por teléfono, me intimidaba, me decía que mejor que no me meta con esas cosas porque me podía pasar algo".

"Llegó un punto que las amenazas fueron constantes y muy fuertes contra mi propia persona, simplemente por estar diciendo lo que toda la gente piensa y lo que toda la gente opina, y hasta llegó a intimidar a algunos medios para que directamente no me saquen notas", consignó Andrada, según la agencia de noticias DyN.

Moreno rechazó las acusaciones y se mostró seriamente afectado, por lo que adelantó a sus colaboradores que acudirá a la Justicia para exigir una retractación de las declaraciones.

Subsidios
En el pasado, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor administraba la partida asignada a subsidios para las asociaciones sin fines de lucro del sector. A través del Consejo Consultivo de los Consumidores se evaluaban los montos de las asignaciones para las entidades inscriptas y reconocidas según su antigüedad, cantidad de filiales, proyectos y trabajos presentados, entre otros parámetros.

Las defensorías, aun dedicándose a defender a los usuarios y consumidores, tienen objetivos muy diferentes. De las cerca de 30 inscriptas en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores (RNAC), se contabilizan algunas enfocadas a discapacitados, a víctimas del "corralito", servicios públicos o medio ambiente.

Por la variedad de objetivos se hacía muy difícil establecer parámetros medianamente justos para la distribución de dinero. Pero aun así y con diferencias en los montos que recibía cada una, no había quejas excesivas sobre el reparto, que se hacía en forma trimestral.

Pero en épocas de Moreno al frente de la Subsecretaría la asignación de fondos se retrasó: este año aún no fueron distribuidos los cerca de u$s250 mil que se destinan a este fin.

Por eso, las entidades habían recibido la Resolución 162 de Comercio Interior con optimismo. Aunque estaba escrita en verbo condicional se señalaba que la distribución sería igualitaria. El único requisito era tener un año de existencia y trabajo comprobable, según la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Esta exigencia dejo afuera a 10 de las 30 entidades inscriptas. Un mes más tarde, la Resolución N° 187 de la Secretaría de Comercio Interior deroga completamente la N° 162 del 11 de setiembre y asegura que "se advierte que el Presupuesto Nacional para el ejercicio del año 2007 no contempla partida alguna destinada específicamente a solventar" a estas asociaciones de consumidores.