La objeción a De Olazábal se fundamenta (se transcribe textualmente) "en las declaraciones que oportunamente tuvieron amplia repercusión en la prensa televisiva y escrita de esta Provincia, en las que el mencionado candidato hizo pública doce años después la existencia de supuestas presiones que habría sufrido como juez de instrucción, las cuales le impidieron llevar adelante causas de capital importancia, tal como la denominada megacausa del Banco de Santa Fe, las que no fueron negadas por el propio candidato y ningún medio de comunicación. Asimismo resulta impropio, y sin perjuicio de la existencia o no de delito, que el mencionado funcionario no haya puesto temporalmente en conocimiento de dichas presiones a las autoridades competentes, y/o a la comunidad toda. Parece ocioso tener que afirmar que quien pretenda ejercer como la máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación debe exhibir un firme carácter y un coraje cívico que le permitan desempeñar la compleja tarea de ejercer la persecución penal con indiferencia de los intereses que pueda afectar. Las propias manifestaciones del candidato en relación a que habrían existido poderosos intereses económicos y políticos que le habrían impedido desarrollar adecuadamente la función que el Estado provincial le había confiado como juez de instrucción, se erigen como un objetivo antecedente negativo, que deberá ser tenido en cuenta a los efectos de la evaluación".

El informe se refirió también, sin objeciones, a los demás concursantes, los abogados Guillermo Fernando Camporini, Alejandro Sinópoli y José Luis Vázquez, y a los aspirantes a defensor general (Servicio Público Provincial de Defensa Penal) Angel Enzo Baltuzzi y Martha María Feijoo, todos matriculados de la Segunda Circunscripción. Con respecto a los inscriptos Miguel Angel Molinari, Gabriel Elías Heriberto Ganon y María Georgina Stratta, hizo saber que no figuran en ninguno de los registros del Colegio de Abogados de Rosario.

Los cargos de referencia son fundamentales para la aplicación del nuevo sistema procesal penal de Santa Fe, que incluye el juicio oral.