La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados elevó ayer al juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano, once cargos en su contra y una citación para que el próximo jueves 21 realice el primer ejercicio de su derecho de defensa. Podrá hacerlo personalmente o por escrito.

Para la comisión, que preside el diputado peronista Ricardo Falú, no existen dudas: Boggiano —el único subsistente de los que llegaron a la Corte tras la ampliación del Tribunal en 1990—, se halla incurso en las mismas causales que terminaron sacando de la Corte a Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López y Adolfo Vázquez. Como se sabe, Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay (todavía no asumió) son los jueces que llegaron al máximo Tribunal gracias esas vacantes. Y está pendiente ocupar el lugar que dejó Vázquez.

Aunque en el Gobierno se había dicho hace semanas que no había intención de seguir avanzando en este juicio, hasta ayer no hubo señal de interés del Poder Ejecutivo registrada en los estamentos estratégicos del Congreso. Los diputados entienden que es en respeto a su labor. “Obramos en función de lo que nos corresponde”, declaró Falú. “Quisimos ser muy formales”, dijo la frepasista Nilda Garré.

De los ya desplazados, Moliné fue el único que llevó su defensa a todas las instancias, comenzando por el Senado, que finalmente votó su remoción. Nazareno, López y Vázquez optaron en cambio por renunciar. López, enfermo, poco después falleció.

La comisión ejerce el papel central de Diputados que, en el caso de los juicios políticos, se trastoca en una Cámara acusadora, equivalente a una fiscalía en la justicia convencional.

Las causas donde actuó Boggiano y por las que se lo acusa, son las llamadas “Meller”, “Macri” y “Dragonetti de Roimán”. La primera es por la confección de una guía telefónica para la Capital Federal que le terminaría costando al Estado unos 400 mil dólares. Se le imputa a Boggiano haber legitimado judicialmente este trámite administrativo “fraudulento”. Y haber negado la revisión de una resolución del Tribunal Arbitral de Obras Públicas “lo que hace presumir —señala la comisión en su nota a Boggiano—, que su voto no estuvo motivado por el cumplimiento de su función sino por otros intereses”.

En la segunda causa (el expediente caratulado “Macri, Francisco s/ presunto contrabando”) se le atribuye haber obstruido el procesoy causar perjuicio al Estado “al alterar la política económica con respecto al régimen de importaciones y exportaciones”.

La tercera causa es por una sanción que aplicó la Corte a la jueza Dragonetti de Román. Para la comisión, Boggiano invadió competencias del Consejo de la Magistratura, afectó garantías constitucionales y violó la independencia del poder Judicial “amedrentando a una jueza a través de una sanción administrativa”.

En dos semanas, Boggiano podrá defenderse.

Fuente:www.clarin.com