Por Héctor Galliano, desde Santa Fe

 Todas las semanas, la Secretaría de Derechos Humanos provincial recibe 25 denuncias de pedidos de paradero por ausencia de hogar de adolescentes, donde sobrevuela el fantasma de la trata de personas. Es un delito que mueve millones de dólares en todo el mundo y que, según las estimaciones de la OEA, igualará a la venta de armas o de drogas. Muchas de las chicas aparecen, pero casi una decena sigue desaparecida en Santa Fe, sin ninguna huella que permita un contacto, una pista, una esperanza.

"El problema nos sobrepasó, superó toda expectativa prevista", señaló la diputada provincial Alejandra Vucasovich, quien propone crear una Secretaría para la lucha contra la trata de personas, protección y asistencia a las víctimas. La legisladora abrió una casilla de mail para recibir denuncias y en pocos días recibió más de 150. "Son comentarios de todo tipo, no sólo denuncias. Me comentan sobre casos viejos que perdieron vigencia, desapariciones de criaturas, embarazos forzosos para luego vender esos bebés, otros plantean que hay casos en donde, detrás de una parrilla de ruta se ofrecen servicios sexuales de menores. Todos estos casos puntuales se los derivé al ministro de Seguridad Daniel Cuenca", señaló. Los organismos del Estado reconocen que se pierde mucho tiempo entre la ausencia y la búsqueda policial. "En seis horas trasladan y en 24 pueden sacar a cualquier chica del país", alertó una fuente judicial.

El año pasado, el entonces gobernador Jorge Obeid creó la Unidad de Trata de Personas dentro de la Policía, pero de escaso poder de búsqueda: sólo tres agentes a cargo. "La oficina trabaja en la faz administrativa, en lo operativo recurrimos a otras brigadas ya conformadas y con estructura provincial", ensayó a modo de justificación el comisario Juan José Mondino, jefe del Departamento Judicial de la Policía, a cargo de la Unidad Especial.

Coto interprovincial. La ley sancionada recientemente por el Congreso de la Nación sobre la tipificación del delito establece tres requisitos importantes: la captación, el traslado y la explotación sexual o esclavización, trabajo forzado o la extracción ilegal de órganos y tejidos. Le da competencia al fuero federal y castiga a sus autores con una pena de 3 a 15 años de prisión. "Pero olvida un eslabón importante: el cliente, la otra cara de la trata de personas. Los que corrompen a menores, pagando por esos servicios también deberían ir presos", opinó Stella Vallejos, delegada del Inadi en Santa Fe, en red nacional para recibir denuncias con protocolos de actuación confeccionados por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

De acuerdo a un informe elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones, la provincia de Santa Fe es una de las principales proveedoras de personas que son obligadas a prostituirse. La red las vende y explota en Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y la Patagonia.

El fiscal cordobés Marcelo Salomoni, que desde hace cinco años se dedica a perseguir proxenetas y a desbaratar bandas que operan en los límites interprovinciales, dijo a Crítica de Santa Fe: "En la mayoría de las causas detectamos que un alto porcentaje de las mujeres que se prostituyen proviene de esta provincia. He hallado chicas de la ciudad de Santa Fe -en mayor medida-, también de Tostado y de Reconquista. Son bandas que forman parte de un negocio muy redituable, a veces hay involucrados personal policial, judicial o de legisladores. Como en todos los ámbitos, hay gente mala", reveló. Salomoni llevó a juicio en 2007 a una pareja de santafesinos que vendió por $200 y un auto viejo a una chica de 13 años, oriunda del barrio Yapeyú, a unos proxenetas que la prostituyeron en burdeles de Las Varillas y El Arañado, dos pueblos cordobeses lindantes con Santa Fe.

El ministro de Desarrollo Social, Pablo Farías, señaló: "En los últimos seis meses hemos tenido diez casos en los que se han recuperado chicas de 13 a 17 años. Hay una importante cantidad de denuncias que tienen que ver con chicas que están en Santa Fe, y otras que se encuentran en otras provincias". El Ministerio habilitará en los próximos días un refugio en la zona costera santafesina para iniciar un trabajo de contención con las posibles víctimas de este delito.

Vulnerables. La mayoría de las chicas captadas provienen de zonas humildes de la capital. Autos lujosos con vidrios polarizados merodean los barrios pobres, ofrecen dinero y expectativas económicas. No todas logran esquivar la tentación. Después sigue lo peor, vejaciones, violaciones reiteradas, consumo obligado de drogas: lo que se conoce como "el ablande". Desde la ONG santafesina Las Diversas señalan que la mayoría de las denuncias que reciben son de personas pobres, no escolarizadas. "Es muy importante que hagan las denuncias", comentó en una rueda de prensa Paula Heredia, integrante de la organización. "Esta mafia mueve mucha plata, hacen inteligencia, sacan información de todos los ámbitos, seducen y engañan a las más vulnerables. Conozco el caso de una chica que se fue creyendo que iba a cuidar a un enfermo, después enfrentó un infierno, del que pudo zafar", citó Vallejos, del Inadi. Para Vucasovich "no se trata de bandas inmensas, sino de pequeños grupos que se reparten el territorio, tienen dateros que captan la información, luego aparece el que la compra y después el empresario".

Caza, pesca y sexo. Entre junio y julio se denunciaron seis desapariciones de niñas y adolescentes en las localidades de San Javier y Colonia Francesa. Todas fueron encontradas después de una campaña intensa de búsqueda de padres y policías. La geografía y la escasa edad de las chicas volvieron a poner el foco en la zona, a la que muchos señalan como liberada para la explotación sexual de menores. ¿Mito o realidad?. "No hay mitos, es la realidad, es lo que pasa, pero tampoco seamos tan hipócritas: en la ciudad de Santa Fe vemos a chicas prostituyéndose en las esquinas todas las noches, no hay que re victimizar a San Javier. Desde el Inadi organizamos talleres para trabajar en prevención, dimos charlas en las escuelas con el lema ‘Que no te roben la vida’, en alusión a la novela Vidas Robadas que ficcionó el caso de Marita Verón", dijo Vallejos. Vucasovich añadió otro dato: "No hay que investigar mucho, basta con ver los avisos en los diarios con las ofertas sexuales en la costa turística".

El ministro Farías dijo que a pesar de que en la zona de la capital santafesina hacia el norte se han producido la mayoría de casos de trata de personas "no hay que estigmatizar una región", como -según remarcó el funcionario- "han hecho algunos medios de comunicación". "Una cosa son las denuncias, que en rigor son muy pocas en esa zona, y otra cosa es la lectura que hacen los medios periodísticos", apuntó el titular de la cartera de Desarrollo Social.

Un policía de la Brigada de Investigaciones le confió a este medio que "el sistema funciona con dos o tres remises que trasladan a las chicas hasta las afueras de la ciudad, a las cabañas de turistas extranjeros, pero también de otras provincias. Algunos pagan hasta 200 euros. Nosotros queremos hacer intervenciones telefónicas, pero la Justicia a veces demora un mes en autorizarnos. La falta de logística es un enemigo más, y el poder del negocio debe pesar, sin dudas".

El primer golpe de la Justicia

El juez de instrucción penal Jorge Patrizi procesó el 31 de octubre a 3 personas por el delito de trata de personas a mayores de 18 años, con privación ilegal de la libertad y abuso sexual en perjuicio de una joven de 26 años residente en el barrio El Pozo. Fue el primer dictamen judicial en la provincia sobre este delito.

Gimena C. fue vejada en la casa de Miguel Andino, de 42 años "donde la iban a prostituir para luego trasladarla a Buenos Aires", señaló el magistrado en su resolución. La policía la había rescatado luego de escuchar sus gritos. La encontraron maniatada con cinta de embalar. Pero como el delito está encuadrado en el estatus federal, Patrizi, del fuero provincial, evalúa por estas horas declararse incompetente y girar las actuaciones esta semana a la órbita nacional.