Luego de que trascendieran las intenciones del presidente Néstor Kirchner de reducir el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia por lo menos de 9 a 7 miembros, algunos integrantes del gobierno salieron a bajarle el perfil a la iniciativa dada la particular situación que atraviesa el tribunal, donde ya renunciaron dos ministros, a otro se le está sustanciando un juicio político, y un proceso similar se está por abrir contra un cuarto.

“Hasta ahora, lo único que conocemos es que hubo un miembro de la Corte que renunció y ya ha sido reemplazado, y que por ahora no hay ninguna otra vacante que no sea la anunciada por la renuncia a partir de 1º de diciembre de Guillermo López. Ergo, no hay condiciones como para poder hablar de esto (la reducción de integrantes) en este momento”, sostuvo el ministro del Interior, Aníbal Fernández, como para no ofrecer un flanco a quienes hablan de una “nueva embestida” del gobierno contra la Corte. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de avanzar en ese sentido al aclarar que, “si eventualmente estuvieran las vacantes necesarias como para poder discutir ese tema, lo haríamos en ese momento”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, admitió la existencia de propuestas en ese sentido, pero aseguró que no forma parte de la “agenda inmediata” de la administración kirchnerista.

“Este tema no está dentro de la agenda central o inmediata del gobierno en este momento. No es un tema tan central para la Justicia argentina como sí lo es su funcionamiento correcto para garantizar un servicio de justicia independiente”, expresó.

Para plasmar esa modificación, que podría llevar el número de miembros de la Corte a 7 o a 5, es necesario que el Congreso modifique la ley 23.774. Esa norma, desde 1990 y por decisión del entonces presidente Carlos Menem, estableció que fueran nueve la cantidad de ministros.

De concretarse las bajas que se prevén, además del alejamiento de López, la Corte perdería a otros tres miembros: Eduardo Moliné O’Connor y Adolfo Vázquez, por la vía del juicio político; y Carlos Fayt, quien decidiría su renuncia en un plazo no muy lejano.

En la Casa Rosada son conscientes de que se hallan frente a una oportunidad histórica para decidir la reducción de los miembros de la Corte. Y de paso, también miden el efecto político que tendría una decisión en ese sentido. Por un lado, el gobierno desarticularía las críticas de quienes dicen que Kirchner quiere armar una nueva Corte adicta, tal como se animó a afirmarlo un miembro de la denominada “mayoría automática” menemista como Vázquez. Más aún si el tribunal recuperara su antigua composición de cinco miembros. Pero además, en cualquier caso, el santacruceño marcaría una vez más la diferencia con lo que hizo Menem, y no sólo por lo que significó a nivel institucional y político el aumento de la cantidad de jueces, sino por la agilidad que el menor número de integrantes le devolvería al cuerpo.

VÁZQUEZ SE QUEJA

El ministro de la Corte Suprema Adolfo Vázquez, a quien la comisión de Juicio Político de la Cámara baja le abrió un proceso en su contra, afirmó que “la orden” de removerlo del tribunal “la dio (el presidente Néstor) Kirchner” y reafirmó su decisión de no renunciar al cargo. El magistrado, uno de los integrantes de la “mayoría automática” durante la presidencia de Carlos Menem, dijo que se siente “injustamente discriminado” y sostuvo que lo enjuician porque, “en lo ideológico”, no piensa como “las autoridades de turno”.

En el tribunal ya hay varias voces a favor de la reducción

El presidente electo de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, y el actual titular interino del tribunal, Carlos Fayt, se pronunciaron ayer a favor de la reducción del número de integrantes de ese cuerpo. Y aunque no hablaron, trascendió que también el designado vicepresidente, Augusto Belluscio, y el ministro Eugenio Zaffaroni tendrían la misma posición.

“En un grupo de personas, una minoría organizada trabaja mejor que una mayoría desorganizada”, graficó Petracchi. Además, el magistrado se mostró partidario de que la Corte analice “no más de 200 causas anuales”.En el mismo sentido se expresó Fayt, quien reafirmó que la función primordial del tribunal es “el control de la constitucionalidad” de las normas. “La Corte no debe ser un almacén de ramos generales”, se quejó el magistrado en referencia a la enorme cantidad de causas de la más variada índole sobre las que debe expedirse ese cuerpo como última instancia de los procesos judiciales.

En las últimas horas, Fayt presentó al Congreso un proyecto –motorizado por el diputado justicialista Jorge Martínez Llano– en el que se propicia la reducción a cinco del número de jueces del tribunal.

Piden investigar una denuncia de Telleldín contra el juez Galeano

El fiscal Luis Comparatore consideró ayer que se debe investigar una denuncia del detenido Carlos Telleldín en la que acusó al juez federal Juan José Galeano de haberlo “amenazado” para que acusara a policías bonaerenses en el marco de la causa por el ataque a la Amia. Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal “requirió” la investigación de la denuncia luego de que el juez federal Sergio Torres –en reemplazo de su par Norberto Oyarbide, actualmente en uso de licencia– le pidió opinión sobre si correspondía o no iniciar la causa.

El miércoles último, Telleldín presentó una denuncia penal en la que acusó a Galeano de haberlo obligado a declarar contra los policías bonarenses que hoy son juzgados junto a él por su participación en el ataque terrorista. El reducidor de autos se desdijo de una declaración realizada en 1996 y negó ahora haber sido “extorsionado” por un grupo de policías liderado por Juan José Ribelli, motivo por el cual le habría entregado una camioneta Trafic que luego se utilizó como coche bomba contra la Amia.

Telleldín aseguró que el juez que lo encarceló y procesó ejerció coacción hacia su persona y su familia, y luego lo obligó a mentir ante la Justicia cuando se investigó si había cobrado 400 mil dólares a cambio de declarar. “Me vi obligado a suscribir esa declaración en la que se incorporaron hechos que no son ciertos y que fueron expresados por amenaza del juez Galeano”, confesó ahora.

En tanto, sobre el día clave, el 10 de julio de 1994, Telleldín aseguró que “si bien había policías bonaerenses en las inmediaciones de mi domicilio de República 107, no pude identificar quiénes eran, ni tampoco el motivo por el que estaban allí”.

El reducidor de automotores también explicó que recién ahora se decidió a contar esta versión, porque se probó en el juicio oral en su contra que hubo un pago de 400 mil dólares a cambio de su declaración contra los ex policías Juan José Ribelli, Raúl Ibarra, Anastasio Leal y Mario Bareiro.

Fuente: www.elciudadano.net