Un ministro de alto rango y tres empleados de la Cancillería, además de un gestor, fueron acusados por la Justicia de haber participado de las maniobras con los automóviles importados para diplomáticos sin el pago de impuestos y vendidos luego a "ricos y famosos".

La decisión fue tomada ayer por el juez federal Norberto Oyarbide, quien, a pedido del fiscal Patricio Evers, convocó a los cinco sospechosos a prestar declaración indagatoria. Todos deberán presentarse en los tribunales de Comodoro Py en la última semana de marzo.

Los nuevos involucrados son el director de Ceremonial de la Cancillería, Marcelo Pujó, los empleados Roberto Zárate Barrios, Marisol Rodríguez y María Cristina Santander y el gestor Pablo Rodríguez. La semana pasada también había sido imputado otro diplomático, Jorge Matas, ex jefe del Departamento de Franquicias. Oyarbide ordenó investigar sus cuentas bancarias y además rastreará y cruzará sus llamadas telefónicas.

Salvo Pujó, que permanece en el cargo, tanto Matas como los otros tres empleados de Cancillería fueron separados preventivamente de sus puestos en noviembre pasado, tras una auditoría que detectó las irregularidades ahora investigadas por la Justicia. El gestor Rodríguez, uno de los más mencionados en la investigación interna, sería primo de una de las empleadas desplazadas.

El canciller Jorge Taiana, que prefirió no hablar ayer del asunto, mantendrá en su cargo a Pujó hasta que concluya el sumario administrativo interno o la Justicia decida procesarlo, según dijeron a Clarín fuentes del Palacio San Martín. "No hay una cobertura política", dijeron las fuentes sobre la permanencia en el puesto de Pujó. El sumario estaría concluido la próxima semana. Los dos sumariados son Matas y Pujó, que era su superior.

Las fuentes reivindicaron la actuación del canciller y recordaron que la causa que lleva adelante Oyarbide es consecuencia de la denuncia planteada por el Ministerio a su cargo el 21 de enero pasado. Los últimos avances de la causa, dicen, obedecieron básicamente a los datos reunidos en el sumario, del que se informa periódicamente al juzgado.

La Justicia investiga una red dedicada a la comercialización de automóviles importados por diplomáticos con importantes descuentos -por el no pago de impuestos- y que luego terminaron antes de tiempo en manos de particulares. Además, hay una causa abierta por contrabando en el fuero Penal Económico.

Según pudo saber Clarín el fiscal Evers habló en su último dictamen de un "accionar organizado" por parte de los imputados. En buen romance, aunque sin usar esas palabras exactas, dio a entender que pudo haber existido una asociación ilícita, como sospechan Oyarbide y el fiscal Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas. Oyarbide usaría este argumento para quedarse con la causa y no pasarla al fuero Penal Económico.

Evers incluyó en ese "accionar organizado" no sólo a los acusados dentro mismo de la Cancillería sino también a gestores y concesionarias que intervinieron en las operaciones de los vehículos como así también a "miembros de misiones diplomáticas", aunque por ahora no acusó a ninguno en particular.

En caso de imputar a un diplomático extranjero, el magistrado deberá dar intervención a la Corte Suprema de Justicia. Oyarbide remitió el expediente a la Corte hace más de un mes pero el máximo tribunal le dijo que todavía no había imputación concreta contra diplomáticos extranjeros.

Tal como se esperaba, Matas no se presentó ayer a declarar y lo hará el 1º de abril. Matas no sólo está apuntado por ser el responsable del área sino también porque uno de los autos terminó en manos de su esposa, María Evangelina Sanguinetti. Se lo compró a un empleado administrativo de la Embajada rusa y el gestor que hizo los trámites ante el Registro Automotor fue justamente Rodríguez.