Por: Carlos del Frade
Las presentaciones realizadas por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación contra el desempeño del juez federal de Reconquista, Eduardo Luis María Fariz, constituyen una detallada radiografía del feudalismo reinante en el norte profundo santafesino. Su relación con Jorge Massat, ex senador nacional y otrora hijo político de Carlos Reutemann, lo convierte en un ejemplo sobre cómo funciona la trama que vincula distintos factores de poder en el segundo estado argentino. Aparecen en estos escritos los casos de contrabando de cigarrillos supuestamente investigados por Fariz y su interés por judicializar las protestas sociales. En cada uno de los hechos apuntados surge la todavía impune historia de los años noventa. No solamente en la provincia sino también en el país.
Fariz en el Consejo de la Magistratura
La presidenta de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, doctora Leila Chaya, recibió el pasado 7 de mayo otra denuncia sobre ‘nuevos hechos de coacción’ de parte del juez federal de Reconquista, Eduardo Luis María Fariz. Fue presentada por el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato en la que pide la intervención del cuerpo.
‘En efecto, habiendo comenzado a sustanciarse, en el ámbito de la Comisión que usted preside, la prueba respecto a la denuncia presentada por esta organización que hace imprescindible, a nuestro juicio, la separación del cargo que le confiara la sociedad al doctor Eduardo Luis María Fariz, por constituir un oprobio al Poder Judicial de la Nación, el citado magistrado lejos de amilanarse y por lo menos, mientras dura el proceso, disimular decoro en el ejercicio de sus funciones, ha descargado una nueva y tremenda coacción sobre el personal con el avieso fin de amedrentarlo con amenazas de todo tipo y condicionar las declaraciones que deben efectuar en ese ámbito’, dice el texto de la nota presentada.
Piumato explicó que Fariz llama a los empleados a su despacho ‘los encierra de a uno, y ejerce amenazas de todo tipo, constituyendo nuevos hechos de violencia laboral que no pueden ignorarse, si soportarse’.
Para el denunciante ‘esa metodología la ha empleado con las propias autoridades del Colegio de Abogados de dicha ciudad, haciendo gala de una impunidad construida en años de haber hecho con el juzgado y con su personal lo que ha querido, amparándose en su investidura, en la falta de control y en los padrinazgos de ciertos personajes de la dirigencia política santafesina y de poderosos intereses económicos que lo sustentaban’.
El dirigente gremial pide la intervención urgente del Consejo para que Fariz ‘cese en esta conducta paradelictiva y se garantice la salud, la integridad psicofísica y la libertad, en la más alta expresión de sus términos, de todos los agentes de dicho juzgado.
Apunta que ‘la lentitud operada en el trámite a partir de la denuncia presentada en el mes de diciembre (de 2003) y que ahora aparece haberse enderezado, causa perjuicio irreparables a las víctimas de la violencia laboral ejercida que han pasado a ser, para el imputado en esta denuncia, peligrosos enemigos que pueden desnudar con claridad los manejos que el mismo ha hecho desde el aprovechamiento de su investidura, en una actividad alejada de la dignidad, la ética y el respeto a la Constitución Nacional y a los derechos por ella contemplados que deben regir la conducta de un juez de la Nación’.
El sindicalista pide garantías para los testigos que declaren en el Consejo para ‘poder expresar toda la verdad sin ningún tipo de condicionamiento’ ya que los declarantes, doctores David Virgilio Palud y Juan Stella, ‘fueron ‘acompañados’ en su viaje por otro abogado, el doctor Rebechi, que casualmente guarda una relación muy estrecha con el magistrado imputado, obrando el mismo en una suerte de ‘comisario político’ del doctor Eduardo Luis María Fariz para garantizar la amnesia de los citados testigos’, denunció Piumato.
Un poco de historia
El Juzgado Federal de Reconquista fue creado y puesto en funcionamiento en septiembre del año 1997. El primer titular fue Fariz, en ‘un procedimiento relámpago cuestionado aún hoy en toda la provincia, para escapar a la inminente puesta en marcha del Consejo de la Magistratura de la Nación, siendo el último magistrado designado por el viejo método aún cuando no existía ni sede para dicho tribunal. No es secreto que su principal mérito era ser vecino, socio y amigo del todavía actual senador nacional por la provincia de Santa Fe, Jorge Massat, al que el propio Senado rechazó su renuncia por estar el mismo sospechado y procesado por enriquecimiento ilícito’, dice el texto de la denuncia presentada por Piumato en diciembre de 2003.
Demás está decir que ‘el citado senador fue también responsable de la creación de dicho Juzgado, cuando sin perjuicio de los derechos de la ciudad de Reconquista, no constituía una prioridad frente a evidentemente mayores necesidades en la propia ciudad de Santa Fe, o en Resistencia, a cuya jurisdicción pasó a depender’.
Todo el personal ‘fue designado por dicho Juez y la casi totalidad no tenía experiencia en la Justicia Nacional (salvo una agente que viene del Juzgado Federal de la ciudad de Santa Fe). Hacemos presente que los agentes Javier Pastore y Leandro Mandagaran ambos del juzgado de Resistencia, que mostraron interés por los cargos de Notificador y Oficial Mayor respectivamente del nuevo juzgado, fueron desalentados por el mismo juez que se apersonó en Resistencia para explicar sus particulares puntos de vista, descargando una advertencia a cada uno de ellos, si iban a trabajar allí’.
Por tal motivo, ‘pasó tiempo sin que el personal que al comienzo era reducido en número, tuviera participación gremial. Poca información recibíamos de dicho Juzgado, hasta que un conflicto con la Secretaria Penal del mismo nos alertó. En efecto, durante el año 2.001 nos llegó una inquietud respecto a la persecución que estaba sufriendo la secretaria Penal del Juzgado, doctora Patricia Sellares, y que generaba inquietud en el personal por lo arbitrario de la conducta. La citada funcionaria era hermana del diputado provincial por Santa Fe, Francisco Sellares, hecho éste que encontrará sentido más adelante. De buenas a primeras la secretaria no aguantó más y renunció. La única afiliada que por entonces había en el juzgado, prefirió no profundizar el tema, evidentemente por temor reverencial a las represalias como luego pudimos constatar’.
La denuncia sostiene que ‘es bueno tener presente, y cualquier miembro del Consejo que se traslade a dicha ciudad con ánimo de verificar lo que aquí se denuncia, es tener en cuenta la sensación de impunidad con que se manejaba desde siempre dicho magistrado, de lo que dan cuenta todos los testigos comenzando por el propio Colegio de Abogados de Reconquista, que no sólo se apoyaba en el padrinazgo ostensible que detentaba, sino en su vinculación estrecha con los factores de poder de la región, relaciones de las que hacía alarde para atemorizar aún más al personal’.
A mediados de 2003, la dirigencia gremial se hizo eco de una nueva denuncia que hablaba de los padecimientos de la prosecretaria de la Secretaría Penal, Elba Fernández, ‘de intachable foja de servicios, por lo cual no existía siquiera razones válidas que dieran origen a la injustificable persecución por el magistrado operada’.
Esto se inicia a raíz de los movimientos que generó la renuncia de la secretaria Sellares. El Juez pretendía, ‘haciendo uso de su impunidad, nombrar a una agente que no le correspondía. La propuesta fue rechazada por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, que por pertenecer a la misma jurisdicción, le impuso al agente de nombre Carlos Acosta para cubrir dicho cargo. Al mismo le hicieron la vida imposible a tal punto que hasta llegó a padecer crisis de llanto delante de sus compañeros. Todo esto incentivado por el citado magistrado, en una actitud aparente de ‘defensa’ de los agentes del Juzgado, aunque en verdad queda claro a juzgar por la conducta del magistrado, que sentía al enviado por la Cámara, prácticamente como un testigo incómodo, o un ‘espía’ que podía poner en evidencia frente a la Cámara, lo que todo el mundo en Reconquista conocía’.
Pero cuando el agente Acosta no soportó más y renunció al ascenso, ‘la Cámara de Resistencia nuevamente se opuso a los caprichos del Juez, y haciéndole respetar el escalafón hizo que nombrara a la que estaba en condiciones de ascender, la mencionada Elba Fernández. Esto fue en el mes de marzo del 2002. A partir de allí empezó el calvario, que este año alcanzó su clímax al inventarle un sumario utilizando una causa que llevaba un conjuez. Se verá posteriormente la manipulación que el citado magistrado hace con los conjueces, según atestiguan los abogados del Foro de Reconquista’.
Frente a ello, se constituyeron en la sede del Juzgado Isidro Oviedo, Secretario de la Regional Nº 12 de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y el Secretario del Interior de la Comisión Directiva Nacional, Carlos Minella.
Allí constataron ‘la grave situación que padecía esta agente y el clima insoportable para la totalidad del Juzgado. En efecto, durante las reuniones que se llevaron a cabo durante la visita se anoticiaron de la difícil situación de trabajo que allí se vivía y se resolvió pedir una reunión con el magistrado, a fin de solicitar que en última instancia se resuelva la situación con la prosecretaria penal y los permanentes llamados de atención y habilitaciones horarias excesivas, de todos los agentes’.
Luego se llevo a cabo una reunión con la doctora María Fernández de la Cámara Federal de Resistencia, con motivo de poner en antecedente de lo que estaba ocurriendo en el juzgado y dejando en ese momento una denuncia por escrito del tema.
‘Al tiempo nos comunican desde el juzgado que no solo se habían mantenido las mismas condiciones de trabajo sino que además le habían fabricado un sumario con la posible comisión de un delito penal a la prosecretaria en cuestión. Es así que se decide desde el Secretariado Nacional hacer una segunda visita a Reconquista, esta vez por una comisión formada por Julio Piumato y Carlos Minella, Secretario General y Secretario de Interior, respectivamente para denunciar ya la conducta del citado magistrado y tomar contacto con el Colegio Público de Reconquista y demás fuerzas vivas para requerir su solidaridad ante la grave situación que padecía el personal del juzgado’, señala la denuncia.
Después de aquella visita del 14 de octubre de 2003, los dirigentes sindicales tomaron conocimiento de ‘los numerosos llamados del Señor Juez a reuniones con el personal en forma individual o en grupos para tratar de hacerlos desdecirse respecto a los hechos denunciados y pedidos para que firmen notas de apoyo. También, en medio de llantos, les solicitó que recapaciten pues ‘él fue una persona justa con los empleados y ahora le pagábamos así’. Además, a través de su esposa efectúan llamados telefónicos con el mismo fin. El personal ‘no da más por las presiones recibidas, ahora por imploraciones de socorro por parte del Juez’.
Para los titulares de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación ‘la situación en el tribunal es altamente conflictiva y este hecho, irrefutable, no tiene otro origen más que la actitud autoritaria y abusiva del titular de la dependencia, para ocultar falencias más graves presentes en dicho tribunal’.
Constantemente ‘se cambia de tareas al personal, en forma caprichosa, o como forma de represalia frente a ‘actitudes’ que no son del gusto del magistrado. Estas de condiciones acuciantes genera en la mayoría de los empleados del Juzgado gravísimas consecuencias que repercuten en su salud psicofísica y social por ser Reconquista una ciudad relativamente chica’.
Algunos hechos
Uno de los cargos contra Fariz es la ‘manipulación en la designación de conjueces’. Los conjueces que son designados en las causas en que el Fariz se inhibe de intervenir, ‘son invitados a seguir las directivas dadas por el mismo, bajo amenaza de ser relevados de la lista respectiva. Lista que maneja con total discrecionalidad como han reconocido los doctores Virgilio David Palud y Juan Daniel Stella, entre otros en la audiencia respectiva. De esto han dado cuenta dirigentes del Colegio de Abogados, más precisamente el doctor Virgilio Palud, quién al intervenir en una causa que interesaba al ‘padrino’ de Fariz, el senador Jorge Massat, donde un medio de comunicación de propiedad de éste pretendía acabar con tres medios similares. Cuando Palud rechazó esa pretensión y siguió la causa conforme a derecho. De las tres radios FM ‘atacadas en la denuncia’ sólo una no estaba en condiciones de operar y procedió a su clausura, las otras dos que Massat pretendía cerrar siguieron operando conforme a la ley. A partir de ese momento el Palud fue excluido, como ‘castigo’ de las listas de conjueces del Juzgado Federal’.
También sostienen que hay ‘sospecha en el tratamiento de las causas con detenidos’.
La Defensoría Federal de Reconquista, da cuenta de la casi nula intervención en las causas con detenidos. Refieren que a partir de julio de 2001, ‘justamente con posterioridad a la ‘renuncia asistida’ de la doctora Sellares, la intervención de la Defensoría decayó ostensiblemente más allá de la primera actuación, incluso en causas donde la excarcelación debía ser de trámite sencillo. Refieren las versiones, que los detenidos una vez en contacto con el magistrado, eligen abogados cercanos al juez cuestionado. De la tarifa de 1.500 a 3.000 pesos que dan cuenta las versiones es cuestión de investigar pero hace al mote que se ha ganado en toda la ciudad. Como prueba de este ‘rutina’ habría que auditar las causas desde la fecha citada y la brusca caída de intervención de la Defensoría Oficial. Existiría una denuncia del doctor José Ernesto Gianfelice en la causa 608/02 de la existencia de recomendaciones expresas por parte del magistrado a un imputado a que sea asistido por determinado letrado, incluso varios imputados en distintas causas han declarado que era el propio magistrado el que les entregaba las tarjetas de los abogados a los que les ‘convenía’ recurrir para ser sobreseídos’, señala la denuncia.
Se ha denunciado la existencia de irregularidades graves en la devolución de una avioneta a los propietarios, incautada en una causa relacionada con el delito de contrabando.
En ese expediente van surgiendo todas las anomalías que existen con contradicciones en las indagatorias y sus ampliaciones, testimoniales que al leerlas detenidamente surge que están ‘arregladas’, además se habría tomado declaración testimonial a una persona que no era la que consta en el acta.
‘En efecto, se solicitó la declaración testimonial de Pablo Prieto Fretes (supuesto propietario de la avioneta) y sin embargo habría comparecido otra persona. Esta irregularidad puede constatarse con una simple lectura del expediente mencionado, la declaración y firma de la persona mencionada Pablo Prieto Fretes. Está de manifiesto que es ‘Contrabando agravado por uso de aeronaves’ y el piloto sale en libertad, con pruebas ridículas, por ‘Encubrimiento de Contrabando’ (Expte. 671/02)
Además son numerosas las causas que hablan por sí solas de lo que estuvo pasando en este Juzgado todo este tiempo.
Por ejemplo:
* Expte. N° 338/01 ‘SALABERRY, Eugenio José s/ Pta. Inf. Ley 22.415’, es la causa de la devolución de un avión, cuyas copias del incidente se adjuntan.
* Expte. N° 671/02 ‘TOE (Policía de la Provincia de Santa Fe s/ Solicita orden de Allanamiento’, es la causa del segundo secuestro del avión, en el campo de Garavaglia.
* Expte. N° 19/03: GARAVAGLIA, Luis Alberto s/ su denuncia, en esta causa Garavaglia denuncia robo de armas, – por parte del TOE- los testigos declararon que han visto los elementos faltantes (cuchillos y armas) sobre una mesa en el momento del procedimiento y a casi un año de la denuncia todavía no se ha adoptado medida concreta alguna y por el contrario el propio magistrado se ha dedicado a dilatar de diversas formas el trámite.
* Expte. N° 276/01 ‘MARTINEZ Carlos Dante y Otros s/ Pta. Inf. Ley N° 22.415’
* Expte. N° 265/01 ‘FUNES Javier Luis y Otros s/ Pta. Inf. Ley n° 22.415’
* Expte. N° 31/02 ‘N.N. s/ Pta. Inf. Art. 164 C.P’, este expediente se inicia porque en la Comisaría de Guadalupe Norte desaparecieron los cigarrillos incautados en un procedimiento y depositados allí por la Secretaria del juzgado. Según los comentarios, los robó el mismo Juez. Llama la atención que los cigarrillos incautados en los procedimientos por contrabando en la zona, como ‘práctica habitual’ son recogidos por las TOE, Tropas de Operaciones Especiales de la Provincia de Santa Fe en un transporte (‘Transporte Pedrito’, en algunos casos) con pago de flete y llevados a 350km, para ser destruidos en la ciudad de Santa Fe.
* Expte. N° 608/02 ‘Rojas Emilio Antonio y Otros s/ Pta. Inf. Ley 22.415’
* Expte. N° 330/01 ‘SANCHEZ Ariel Gustavo, GIARDINI Ernesto Heraldo y CHAMORRO RODRIGUEZ BALS Eduardo s/ Inf. Ley 22.415’ (esta causa es del Secuestro del primer avión, que fue también secuestrado por segunda vez en el Expte. N° 671/02)
‘En la mayoría de estos expedientes el abogado defensor es el mismo, el doctor Barrilis y son todos por Contrabando’, sostiene el documento presentado por la organización gremial.
‘Expte. N° 213/03 ‘-LEGRETIN María Silvia y Otros s/ Pta. Inf. Art. 194 C.P’. La causa se inicia con un corte de ruta por parte de varios qremios locales. Se. reunieron frente al Hospital Central de esta ciudad, y se produjo el corte de la ruta Nacional Nº 11. En fecha 25/07/03 se elevan las actuaciones prevencionales a este Juzgado, el Fiscal Cristóbal Ricardo Cavanagh, se inhibe para actuar en 1a causa argumentando que el Sr. Fernando Dubouloy era actual compañero en el registro civil, de su esposa Elena Elizaga de Cavanagh (28/07/03). En fecha 30/07/03 se procede al sorteo en Fiscalía y ‘casualmente’ sale la bolilla del Dr. Francisco Angel Peralta. El 31/07/03 el Dr. Peralta contesta la vista, solicitando las indagatorias de: Silvia Legretin y Juan Corgna (delegados de UPCN), Fernando Dubouloy (Jefe del Registro Civil de esta ciudad y delegado de UPCN), Aldo Sotelo (Delegado de SITRAM), Máximo Maidana, Susana Chaner y Emilse Serqui (delgados de ANSAFE), Ramón Agonil (delegado de SADOP), Mario Nuñez (delegado de UPCN), Fabiana Magnago, Claudia Raffin, y Belkis Romero (delegadas de ATE), Juan Carlos Flores (de Sindicato de No Docentes), Víctor Belier (del Sindicato de Viales), Ürbano Frare ( de los Desocupados de Avellaneda) En este mismo escrito el Fiscal, (claro está decir que Cavanagh digita. todo, con el nombre del Fiscal Ad-Hoc Dr. Francisco Angel Peralta), solicita y transcribo textualmente el pedido ‘punto 5: Se libren oficios a los sindicatos y Gremios precedentemente mencionados a los fines de poner en conocimiento de los mismos, sobre la comisión de ilícito por parte de sus integrantes, punto 6: … se librarán oficios al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y a la Dirección General del Registro Civil de esta Provincia a los fines poner en conocimiento de tales entes, sobre la comisión de ilícito por parte de Fernando Doubouloy quien se desempeñaría como Jefe del Registro Civil de esta ciudad…’. Estas medidas, en ninguna de las innumerables causas por cortes de ruta que tienen las solicitó el Fiscal. Con fecha 01/08/03 se libraron todos los oficios conformé a lo requerido. Este Expte. es tramitado en forma irregular, pues no lo lleva la persona que por la organización interna del trabajo lo debió llevar y se tomaban audiencias por la tarde, algo que nunca se hacía, sólo si se trata de expedientes con detenidos que es cuando se hace todo con suma ligereza. El 20/08/03, comienzan las indagatorias y el 31/08/03 la única entidad que contesta el oficio que se envió de los antes mencionados fue SADOP, lo hacen Patricia Mounier, Secretaria Gral. adjunta de SADOP. Graciela Gauchat, Secretaria Gremial de SADOP, con el patrocinio letrado del Sr. Domingo José Rondina. Presentan un escrito en defensa del Sr. Agonil, en una parte del mismo dicen: ‘…que no podemos dejar de señalarle al Señor Juez, con todo el respeto que por la persona y la investidura de V.S. ponemos de resalto que como gremialistas de la democracia nos sentimos profundamente sorprendidos por el actuar con que está procediendo V.S. Vuestro accionar en la causa, incluso mediante el. presente oficio, está más cercano a una caza de brujas y a la búsqueda de asustar a los manifestantes, que a una genuina preocupación jurisdiccional. Que por ello hacemos votos para que prime la razonabilidad y la justicia en tan extraña situación como la planteada. Pero también queremos hacerle saber con el mismo respeto que SADOP no descarta la posibilidad de formular contra V.S. las denuncias que puedan corresponder ante el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura si se prosigue el írritio camino que vemos se perfila…’, este escrito .tiene cargo de fecha .21/08/03. Del día 09 al 31 de octubre, el Dr. Cavanagh viajó a pasear con su Sra. a Europa y el mes de octubre fue nuestra visita al juzgado en cuestión, el Dr. Fariz, asustado por lo efectos de la misma viaja a la Patagonia, no sin antes nombrar subrogante a Aníbal Zupel, quien rápidamente libra una resolución de falta de mérito. Cabe acotar que en otras causas similares que tiene imputado al Sr. Aldo Sotelo, se encuentra procesado. El estado de la causa es el siguiente: el Fiscal ad-hoc con fecha 25/11/03 apeló la resolución y solicita copias pertinentes para iniciar causa penal contra Doubouloy’, apunta el escrito.
A partir de estos elementos, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación pidió que ‘se adopten todas las medidas necesarias a fin de modificar la situación existente en el Juzgado Federal de Reconquista y garantizar la integridad psico física de los agentes, así como el respeto de sus derechos laborales’ y ‘se reciba la denuncia efectuada y se activen los mecanismos procesales pertinentes a fin de determinar si efectivamente existe ‘mal desempeño’ por parte del denunciado y, en caso afirmativo, se adopten las medidas expulsivas correspondientes’.
Fuente:www.argenpress.info
