“Creo que el problema de fondo es la impunidad, la perdida del poder sancionatorio de parte del Estado. El punto central no es tanto la magnitud de la gravedad de la pena sino el grado de aplicación de la misma. De nada sirve subir permanentemente las penas sino se logra hacerlas cumplir. Las estadísticas demuestran que no bajó el delito por el sólo aumento de las sanciones”, dijo Rosúa a Rosario/12. De todas formas, el ministro aclaró que las normas sancioandas por el Parlamento se aplicarán en la provincia por su jerarquía legal y que en algunos casos va a requerir la reformulación de algunos artículos del Código Procesal Penal de Santa Fe. En sintonía con la postura del gobierno nacional, Rosúa dijo ser partidario de aplicar una reforma profunda en el poder judicial y en las fuerzas de seguridad para prevenir el delito.
Al cierre de esta edición, el Senado y la Cámara de Diputados continuaban debatiendo un conjunto de proyectos que endurecen las penas de ciertos delitos, algunos de ellos incluidos en el petitorio promovido por Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, el joven asesinado hace 15 días en el distrito bonaerense. Los diputados ya habían aprobado el aumento de penas para los delitos cometidos con armas -elevándose el mínimo de los cinco años de prisión actuales a seis años y ocho meses y el máximo, de 15 a de 20 años de prisión. Los legisladores también habían dado su aval para sancionar la portación y tenencia ilegal de armas. Restaba tratarse la prohibición del régimen de salidas anticipadas para casos de violaciones y secuestros seguidos de muerte y los homicidios agravados.
En diálogo con Rosario/12, Rosúa planteó sus dudas sobre la eficacia del paquete sancionado en la disminución del delito. “La decisión del Congreso responde a necesidades coyunturales excepcionales de esta crisis cuyos resultados habrá que juzgar en el futuro. Yo me remito a las estadísticas que demuestran que recientemente no bajó el delito por el sólo incremento de las penas”, sostuvo el ministro de Gobierno.
El titular de la cartera política dijo que a su entender “el problema de fondo es la impunidad, la perdida del poder sancionatorio de parte del Estado. El punto central no es tanto la magnitud de la gravedad de la pena sino el grado de aplicación de la misma. De nada sirve subir permanentemente las penas sino se logra hacerlas cumplir”. En esa línea consideró “fundamental que el Poder Judicial funcione eficientemente”.
Rosúa puso los mayores reparos sobre las sanciones a la portación ilegal de armas. “En este punto tengo mis serias dudas. Mucha gente decente tiene armas no siempre registradas -por distintos motivos, puede ser por desconocimiento por falta de recursos- para defenderse de los delincuentes. No estoy seguro de que el criterio más conveniente sea sancionar a quienes llevan estas armas. ¿Qué haremos con el padre de un chico que concurre a una escuela en un barrio peligroso y lo va a buscar con un arma para protegerse de posibles ataques? La verdadera solución pasa por atacar el mercado negro y el tráfico de armas”.
En cambio el resposanble de la seguridad pública dijo estar a favor de promover un debate “serio” para bajar la edad de inimputabilidad de los menores en conflicto con la ley penal. “Es necesario que los delitos que cometen los menores sean juzgados con otros instrumentos distintos a los actuales. Actualmente los menores van escalando en el delito, se incian en el robo, pasan al hurto y terminan en el homicidio. Cada salida de las unidades penitenciarias la viven como un premio, eso hay que cambiar”, señaló el ministro de Gobierno.
Fuente:www.rosario12.com.ar
