Investigaciones en curso
La denuncia penal, actualmente en trámite ante la Fiscalía Regional a cargo del Dr. Matías Merlo, se encuentra registrada bajo el CUIJ Nº 21-09554752-1, originalmente identificada como “Denuncia online I-029527/24”. La investigación se reactivó ante la Fiscalía Regional debido a la gravedad de los hechos expuestos.
Paralelamente, se presentó una denuncia administrativa ante la Subsecretaría de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Ética Pública del Sector Público, bajo el expediente Nº 00101-0330004-6. Allí se investiga la posible comisión de delitos administrativos y la vulneración de los principios de idoneidad y equidad en la selección de magistrados.
Las acusaciones: un entramado de designaciones dirigidas
De acuerdo con la documentación aportada, la denuncia apunta a la manipulación de las juntas evaluadoras de los concursos de jueces, un proceso clave en la estructura del Poder Judicial. Se señala que desde la Secretaría de Justicia se han promovido designaciones estratégicas de miembros afines al oficialismo para asegurar resultados favorables a determinados candidatos, comprometiendo la independencia del Poder Judicial y la legitimidad del Consejo de la Magistratura.
Los hechos denunciados
Según la denuncia penal, Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario, elaboro y envio una lista de candidatos para integrar las juntas evaluadoras de los concursos del Consejo de la Magistratura sin la aprobación del directorio del Colegio, en violación de los procedimientos legales y estatutarios de la institución.
El Estatuto del Colegio de Abogados establece en su Artículo 7 que “el gobierno del Colegio se ejercerá por un directorio”. Cualquier decisión de esta magnitud debe ser tomada de manera colegiada, conforme al Estatuto y la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que no ocurrió en este caso.
Galdeano actuo de manera unilateral y personal, incluyendo su propio nombre en la lista, junto con otros abogados cercanos a su círculo, quienes luego fueron designados como integrantes de las juntas evaluadoras de los concursos públicos de jueces. Esta maniobra pone en riesgo la transparencia e imparcialidad del proceso de selección de magistrados en la provincia de Santa Fe.
Hasta el momento, se desconoce la lista completa de los seleccionados. Sin embargo, a partir de los concursos publicados, se han identificado los siguientes miembros pertenecientes al Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción:
- Dr. Lucas Galdeano– Presidente del Colegio de Abogados. Miembro Suplente en el concurso de Jueces de Primera Instancia de Circuito (Circunscripciones Judiciales N°1 y N°3).
- Dra. Valeria Laura Arguello– Vicepresidenta del Colegio de Abogados. Miembro Titular en el concurso de Jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral (Circunscripciones Judiciales N°1, N°2 y N°5).
- Dr. Jorge Resegue– Director vocal oficialista del Colegio de Abogados. Miembro Suplente en el concurso de Jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Penal (Circunscripciones Judiciales Nº 2, Nº 3 y Nº 5).
- Dr. Alejo Molina– Amigo personal de Galdeano. Miembro Titular en el concurso de Jueces de Primera Instancia de Distrito de Familia (Circunscripciones Judiciales N°3 y N°5).
- Dr. Lisandro Andrés Hadad y Dra. María Florencia Culasso– Miembros Suplentes en el concurso de Jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial (Circunscripción Judicial N°2).
- Dra. Carina Eugenia Militello– Miembro Titular en el concurso de Jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral (Circunscripciones Judiciales N°2 y N°3).
Ninguna de estas personas ha demostrado idoneidad suficiente para evaluar antecedentes, calificar pruebas de oposición y conducir entrevistas personales, lo que deja en evidencia una clara afinidad política y personal con la presidencia y vicepresidencia del Colegio de Abogados, en lugar de un proceso basado en mérito y competencia.
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Un proceso irregular y discrecional
El presidente del Consejo de la Magistratura y Secretario de Justicia de Santa Fe, Santiago Mascheroni, aceptó esta lista sin objeciones, la incorporó a un sorteo sin dejar constancias documentales ni actas notariales, y posteriormente fueron nombrados en los cargos clave del proceso evaluador. Esta situación constituye una violación a los requisitos legales y reglamentarios que rigen la correcta designación de miembros en dicho Consejo.
La denuncia sostiene que la configuración de estas juntas evaluadoras responde a una estrategia orquestada para favorecer a determinados candidatos y consolidar el control político sobre el proceso de selección de jueces en la provincia.
Un llamado a la intervención institucional
Ante la gravedad de los hechos denunciados, se espera que las investigaciones en curso determinen las responsabilidades de los funcionarios involucrados y se adopten medidas correctivas para garantizar la transparencia en los concursos judiciales. La legitimidad del sistema judicial santafesino está en juego y, con ello, la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
El rol del Poder Ejecutivo y su injerencia en estos procesos serán claves para evaluar las responsabilidades políticas y jurídicas de los implicados. Mientras tanto, la sociedad y los organismos de control aguardan respuestas concretas para frenar cualquier intento de manipulación en la designación de jueces en Santa Fe.
