El Senado finalmente aprobó a medianoche, por 40 votos a favor y 18 en contra, la propuesta de suspender en sus funciones, con carácter preventivo, al ministro de la Corte Eduardo Moliné O’Connor, mientras avanza el juicio político en su contra. Fue después de haber escuchado en la misma sesión la ampliación oral de la defensa por parte del juez y de sus abogados defensores.
La discusión sobre la suspensión, que había sido solicitada por la comisión acusadora de la Cámara de Diputados, tenía como eje la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 4 del reglamento especial del Senado, que es el que autoriza al cuerpo a suspender a un juez sometido a juicio político.
Con algunas excepciones, como la de Rodolfo Terragno, el bloque de senadores de la UCR había anticipado desde temprano, ante la prensa, su rechazo a la suspensión, precisamente por considerarla anticonstitucional.
Durante el debate, los representantes de la UCR —a través del senador chaqueño Eduardo Moro— se preocuparon por dejar en claro que el rechazo a la suspensión no implica un prejuzgamiento absolutorio de Moliné.
La mayoría del PJ, en cambio, decidió respaldar la suspensión en las funciones de Moliné, que implica también la suspensión del goce de sus haberes.
Esta propuesta del justicialismo fue planteada a través de un proyecto de resolución presentado por la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Cristina de Kirchner.
Los defensores del planteo oficialista —la propia Kirchner, Marcelo López Arias, Malvina Seguí, Liliana Negre de Alonso— también aseguraron que la medida no implica prejuzgamiento acerca de la sentencia final, esto es la destitución o no de Moliné.
Como en el caso del bloque radical, en el justicialismo también existían posiciones disidentes. Especialmente en el caso de senadores ligados al menemismo, como Eduardo Menem, Angel Pardo o Sonia Escudero.
En los otros bloques, las actitudes respecto de la suspensión estaban divididas. Aunque entre los representantes de los partidos provinciales, había una mayoría opuesta a la aplicación de la medida preventiva. Muchos de los opositores a la suspensión hicieron suyos los argumentos contra la medida expresados en la sesión por el principal defensor de Moliné, Gregorio Badeni.
Básicamente, el de la inexistencia de una autorización expresa de la Constitución a la suspensión —cuando en cambio sí se autoriza al Consejo de la Magistratura a suspender a un juez “inferior” sometido a jury de enjuiciamiento—; el de su carácter de prejuzgamiento; el de violación del principio de inamovilidad de los jueces y el de independencia de los poderes del Estado.
Fue Pardo, el justicialista de Corrientes, quien con menor disimulo asimiló su discurso con el de la defensa. Más aún, sostuvo que el juicio a Moliné es una “persecución de carácter político” que, al conocerse en el exterior, colocará a la Argentina en la condición de “país bananero”.
Esa apelación a la supuesta mala imagen generada por la Argentina a través del juicio político también fue un eje fundamental de la ampliación del descargo hecha por el propio Moliné.
El ministro había advertido que su enjuiciamiento provocará una mayor “inseguridad jurídica” y el alejamiento de los inversores extranjeros. También enfatizó varias veces que era un “discriminado”, porque los cargos que se le hacen refieren a fallos de la Corte firmados también por otros ministros que no están sometidos a juicio.
Moliné fue quien cerró, con la presentación más extensa, el tiempo para ampliar la defensa. Primero había sido el turno de Badeni, quien planteó una recusación luego rechazada por el Senado contra José Luis Gioja.
El otro defensor, Eduardo Aguirre Obarrio, fue el encargado de desestimar los cargos concretos contra Moliné, relacionados con las causas Meller, Macri y Magariños, totalmente “insustanciales” según sus argumentos.
COLABORO: JORGELINA VIDAL
Fuente: www.clarin.com
